La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no impulsará la reducción de la jornada laboral sin previo acuerdo con la patronal de empresarios. La también ministra de Trabajo había amenazado con aprobar la reforma en el Consejo de Ministros y llevarla al Congreso de los Diputados, aunque no tuviese el sí de la CEOE, pero ahora el Ministerio prioriza llegar a un consenso para que la nueva normativa parta de un pacto entre el Gobierno y los agentes sociales.
Los sindicatos, tanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Unión General de Trabajadores (UGT), han apoyado la iniciativa desde que la dirigente de Sumar la plantease como objetivo de la legislatura. La parte socialista del Ejecutivo también secunda la medida, aunque ha evitado pronunciarse en los últimos meses. Quieren dar tiempo a Díaz para que trabaje la medida y la pacte con las partes, conscientes de que se trata de la medida estrella de la vicepresidenta.
La ministra había reiterado hasta este verano que implementaría la medida, aunque no contase con el visto bueno de la CEOE. La patronal ha mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo a la norma tal y como la ha planteado Trabajo. Los empresarios han asegurado que ya hay distintos convenios que recogen una jornada reducida y opta por dejar en manos de las empresas tal decisión.
Desde el Ministerio han denunciado la negativa de la patronal y la ausencia de propuestas alternativas. Trabajo ha planeado una rebaja progresiva: de 40 a 38,5 horas el primer año —2025— y hasta 37,5 el segundo —2026—. Sin embargo, en julio la ministra se abrió a estudiar nuevas fórmulas que convenciesen a la patronal, a pesar de que dio un ultimátum a la CEOE pocos meses antes.
De hecho, Díaz ya tenía la mente puesta en aprobar el nuevo estatuto del becario tras el periodo estival, para impedir que las corporaciones utilicen esta figura como un trabajador más de la empresa, pero finalmente pospondrá esa tarea para enfocarse en sacar adelante un acuerdo a tres que reduzca media hora al día la jornada laboral de todos los trabajadores.
La hoja de ruta marcaba este verano y septiembre como fecha límite para impulsar la medida. El rechazo de la patronal ha sido frontal y en el Ministerio descartaban cualquier posibilidad de acuerdo. Pero un pacto con los empresarios empujaría al Partido Popular a apoyar la reforma. Unos votos que resultarían cruciales ante la compleja aritmética parlamentaria que sustenta al Gobierno.
Ahora Trabajo vuelve al que fue el santo y seña del Ministerio, los acuerdos unánimes con los agentes sociales y no se pone fecha límite para conseguirla. Considera que la medida se aprobará, tarde o temprano, y quiere agotar todos los plazos si con ello consiguen sumar a la patronal a un acuerdo que consideran objetivo número uno.
Aunque Trabajo vuelve a tender la mano a los empresarios, también se guarda la posibilidad de terminar impulsando la medida sin su apoyo. La prioridad pasa por negociar, pero si la CEOE no cede, Díaz no renunciará a una medida a la que se ha comprometido con sus votantes y su electorado, e incluso se firmó en el acuerdo de Gobierno con los socialistas.
Desde la formación resaltan que la pérdida de apoyos del último año —reflejada en las elecciones europeas, pero también en gallegas, vascas y catalanas— responde a la ausencia de iniciativas legislativas que movilicen al electorado. La más importante de todas las que prevé el Ministerio es la reducción de la jornada laboral, y no renunciarán a esta reforma por el "no" de la patronal.
Sin embargo, oficialmente desde el Ministerio no quieren hacer mención a esta hipótesis y reiteran que la hay "esperanza" y "voluntad" en alcanzar un acuerdo entre Trabajo, la patronal y los sindicatos.
