«El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso», dice Edmundo González.
Desde el domingo por la noche, el aspirante opositor a la presidencia de Venezuela anunciaba que no se presentaría este lunes ante la Fiscalía General, donde fue citado para una «entrevista» por su presunta responsabilidad en la publicación de actas electorales en una página web, con las cuales la Plataforma Unitaria afirma haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio por más de tres millones de votos.
La Fiscalía y el Tribunal Supremo venezolanos han calificado a esos documentos, copias emitidas por las máquinas de votación y recogidas por testigos electorales, como «fraudulentas» después de que una sentencia judicial «certificara la validez» de los resultados anunciados por la autoridad electoral la noche de las votaciones dando como ganador a Nicolás Maduro con 51% de los votos.
Este lunes, la Fiscalía a la que debía presentarse Edmundo González amaneció con normalidad. Ya se sabía que el opositor no se presentaría. Pasada la hora de la citación, el Ministerio Público emitió una segunda, fijando fecha de la entrevista para esta martes por la mañana. «Sírvase comparecer (…) el día 27 de agosto a las 10:00 horas [tres de la tarde en España] a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho, relacionado con la publicación y mantenimiento» de la página web resultadosconvzla.com.
González Urrutia ya había sido declarado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo como «en desacato» por haber desatendido la convocatoria de esa instancia a presentarse junto al resto de candidatos presidenciales y atender el recurso «contencioso electoral» iniciado por Nicolás Maduro ante los magistrados para que certificaran su victoria, un procedimiento no establecido en las leyes venezolanas.
«No hay entrevistas en investigaciones penales. Hay declaraciones como testigo o como imputado. La persona debe ser informada de en que condición declara. Si es como imputado puede optar por no declarar», ha dicho la magistrada jubilada del Supremo, Blanca Rosa Mármol.
En el ordenamiento jurídico venezolano se abre la puerta a que, después de varias citaciones, el Ministerio Público pudiera declarar al señalado «en contumacia», o rebeldía del investigado, o señalarlo de no cooperar con la investigación y finalmente solicitar a un tribunal una orden de captura en su contra.
La oposición ha convocado para el miércoles, cuando se cumple un mes de las elecciones, a una movilización nacional en Venezuela. En Caracas, se espera que la líder opositora María Corina Machado reaparezca en público. La dirigente opositora permanece en un lugar secreto en previsión de las supuestas intenciones del oficialismo de apresarla. El fiscal general, Tarek William Saab, ha informado de que todavía no hay orden de captura en su contra, pero Maduro la ha calificado como «prófuga de la justicia».
Mientras el Gobierno y la Fiscalía señalan como falsas las actas divulgadas por la oposición, varias organizaciones respaldan su veracidad, entre ellas el Centro Carter, que participó como observador en las elecciones, invitado por el CNE. También, el Panel de Expertos de Naciones Unidas revisó «una muestra» que certificó como auténticas.
En ambos casos, los organismos han pedido publicar los datos desagregados del escrutinio electoral, como también han hecho gobiernos de América Latina –incluyendo México, Brasil y Colombia que se han involucrado en un proceso de negociación–, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin eso, han advertido, es difícil brindar el reconocimiento a Maduro para un nuevo mandato presidencial (2025 -2031).
