En medio de una crisis por las situaciones de las cárceles en el Perú, una nueva propuesta legislativa busca privatizar los centros de reclusión. Sin embargo, críticos de la medida, incluido el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, cuestionan la relevancia y el impacto de este proyecto. "La primera observación es que este es un proyecto que trata un tema importante, pero que ya está debidamente regulado," afirmó Pedraza a La República.
Según Pedraza, el Decreto Legislativo 1229, promulgado durante la presidencia de Ollanta Humala en 2015, ya cubre ampliamente la privatización y gestión de servicios penitenciarios, superando la técnica legislativa del proyecto actual. "En realidad, no propone nada nuevo respecto a la normativa anterior," señaló el exministro, quien agregó que las "experiencias interesantes" de países como Chile no necesariamente justifican una nueva legislación.
El Proyecto de Ley N° 8685, presentado por el congresista Juan Bartolome Burgos Oliveros del grupo parlamentario Podemos Perú, plantea que la privatización de los centros penitenciarios se realice bajo un modelo de concesión a largo plazo y mediante asociaciones público-privadas. Esta propuesta, según documentos revisados, pretende "mejorar la eficiencia en la administración del sistema penitenciario y reducir el hacinamiento en los centros de reclusión".
Mientras que la propuesta legislativa promete mejorar la administración y reducir la sobrepoblación carcelaria, expertos como Pedraza argumentan que simplemente repite lo que ya está legislado. "Este proyecto no aporta nada nuevo y no propone cambios significativos respecto a la normativa anterior. Es más de lo mismo, lo cual no es necesario," critica Pedraza, refiriéndose a la existente legislación que ya cubre estos aspectos.
El informe estadístico de enero de 2024 sobre el sistema penitenciario peruano presenta una panorámica detallada de la situación carcelaria en el país. Según el documento, Perú cuenta con una población penitenciaria total de 95,763 internos, distribuidos en 68 establecimientos penales. De estos internos, el 63% son sentenciados, mientras que el 37% restante está en condición de procesados. El hacinamiento es una preocupación destacada, con una capacidad instalada de solo 58,622 plazas, lo que resulta en una sobrepoblación del 63%. Además, el informe revela que un 10% de la población carcelaria son mujeres y el 25% de los internos tienen entre 18 y 29 años.
En cuanto a las infracciones, los delitos relacionados con drogas representan el 35% de las condenas, seguidos por los delitos de robo que constituyen el 25%. El informe también subraya esfuerzos de rehabilitación, mencionando que 4,550 internos participan en programas educativos y 3,200 en talleres de trabajo, representando el 4.7% y el 3.3% de la población penitenciaria, respectivamente. Las medidas alternativas como la liberación condicional y otras formas de semilibertad han sido otorgadas a 2,150 internos, lo que sugiere un enfoque creciente hacia la reintegración social. Además, el sistema ha implementado 1,100 dispositivos de vigilancia electrónica para monitorear a internos en condiciones menos restrictivas.
