La Defensoría de los Habitantes instó al Ministerio de Educación Pública (MEP) a asumir el pago de servicios básicos y de alimentación en escuelas y colegios para permitir que las juntas de educación y administrativas asuman un rol más de supervisión.
La petición se realizó a partir de los resultados preliminares de una investigación, según la cual, los recortes presupuestarios, los problemas de ejecución y las dificultades con la conformación e idoneidad de los miembros de las juntas de educación y administrativas, según lo que la legislación vigente está solicitando, provocan problemas en el pago de servicios.
“Esto puede llevar a la acumulación de deudas, la suspensión de los servicios y en consecuencia, la interrupción de las lecciones”, advirtió la Defensoría.
Según la entidad, en los últimos años se han incrementado las denuncias interpuestas por centros educativos a los que les suspenden la luz y el agua.
Además, han determinado que así como se presentan inconvenientes con los servicios públicos, se dan problemas con el pago de facturas al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) “que genera deudas millonarias, en donde el Consejo Nacional de Producción (CNP) ha identificado juntas de educación que le debían hasta ¢150 millones”.
Por ello, la Defensoría considera necesario tomar medidas para que se garantice la continuidad de servicios básicos y una alimentación adecuada para los estudiantes.
Además, señaló la importancia de que el MEP adopte las medidas legales y administrativas que le permita asumir el pago a través de convenios interinstitucionales con el CNP y las empresas prestadoras del servicio.
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La Defensoría también expuso que en su investigación se conoció que ante las situaciones presentadas por las juntas educativas y administrativas, sucede que se recarga el trabajo para los directores de las escuelas y colegios, provocando que se desvíe la atención a las funciones académicas para atender trabajos administrativos
“La Defensoría señala que es oportuno revisar la naturaleza de las juntas de educación y administrativas, proponiendo su transformación de órganos auxiliares de la Administración Pública con responsabilidades administrativas a órganos de fiscalización del servicio”, señala el documento.
De esta forma, considera el ente, asegurar que tanto en el ámbito administrativo como educativo se brinde una atención adecuada a las personas estudiantes.
Para la institución, es evidente que los miembros de las juntas, además de dedicar tiempo prudencial a sus labores, requieren contar con conocimientos y habilidades básicas de cara a la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“La necesidad de ajustarse a diversos procedimientos legales complica la conformación y el funcionamiento de estas juntas”, agregaron.
La Defensoría de los Habitantes indicó que por esa razón, muchos miembros enfrentan investigaciones, sanciones o acusaciones judiciales, o que las funciones deben ser asumidas por la dirección del centro.
La investigación de la Defensoría de los Habitantes está en desarrollo y próximamente analizará las labores de las juntas de educación y administrativas en materia de infraestructura, compras de insumos y otras contrataciones, información.
