Pese a que el presidente Javier Milei vetará la ley que aumenta las jubilaciones, el Congreso anticipó que insistirá, y al contar con los dos tercios, podría ratificarla. Por ese motivo, más allá de la decisión política del Poder Ejecutivo, en el mercado ya analizan el impacto fiscal de la legislación, que llega en el mismo momento en que se va a bajar el impuesto PAIS, uno de los tributos con mejor recaudación este año.
El tema generó un revoleo de números y posiciones inesperadas, como Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía de Sergio Massa, que salió en apoyo a Milei y del veto, u Osvaldo Giordano, el primer titular de la ANSES de Milei, quien consideró que la aprobación de la ley es una "oportunidad" que ayudará al superávit fiscal.
El impacto fiscal del aumento a las jubilaciones va del 0,2% del PBI al 62% del PBI, según las distintas estimaciones. La previsión más extrema la dio el mismo Milei: consideró que los "degenerados fiscales" del Congreso tomaron una medida que le costará a los argentinos u$s 370.000 millones, equivalente al 62% del PBI. Para llegar a este número, muy distinto al de todas las consultoras, toma el gasto en términos dinámicos e intertemporales, y mide el impacto para los próximos años.
Quien salió en apoyo del presidente, además de todo su equipo económico, es Rubinstein. Si bien citó el dato de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), aseguró que es una cifra "muy elevada" y le pidió a los legisladores que presenten fuentes de financiamiento alternativas. "En ésta, veo que la razón está del lado de Javier Milei", escribió en X.
Del otro lado, quien salió a criticar esta cifra fue Carlos Rodríguez, uno de los armadores de la estrategia económica de Milei durante la campaña presidencial: "El número que menciona Milei es una elucubración totalmente incorrecta ya que se basa en suponer salarios reales eternamente crecientes con recaudación del ANSES independiente de ello. El ANSES se financia en gran parte con impuestos/aportes sobre el salario de los trabajadores formales. Todo esto es muy poco serio".
La gran mayoría de los analistas miran las proyecciones de la OPC, un organismo creado por ley en 2016 para dar apoyo técnico al Congreso. Según esta entidad, los cambios en la movilidad implicarán para el 2024 un impacto fiscal del 0,44% del PBI y de 0,8% del PBI para el 2025. Podría aumentar a 0,74% del PBI este año si se mantuvieran los bonos de $70.000 hasta diciembre.
De todos modos, Milei criticó este organismo, al considerar que suele "subestimar" gastos y "sobreestimar" recaudación. Para tomar dimensión, 0,4% del PBI es lo que el Gobierno logró acumular de superávit fiscal financiero en los primeros 8 meses del año. También, es el mismo número que el equipo económico votó resignar en el impuesto a los bienes personales en el paquete fiscal.
Por fuera de la OPC, distintas consultoras llegaron a estimaciones similares. Econviews, del economista Miguel Kiguel, consideró que de aplicarse la nueva fórmula implicará un costo fiscal de 0,2% este año y 0,9% del PBI en 2025.
En PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, consideraron que la diferencia en términos de gasto público entre ambas fórmulas ronda el 0,4% del PBI para 2024, pero "podría incrementarse para 2025" dado que el otorgamiento de un diferencial por canasta básica total "opera como un bono automático que ajusta por inflación".
Por su parte, Giordano, extitular de ANSES y hoy presidente del IERAL, consideró la reforma como una "oportunidad" para darle sostenibilidad al superávit fiscal. "El aumento de costos se puede compensar focalizando mejor el bono y se gana en seguridad jurídica", escribió en X en respuesta al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
