El Ministerio Público (MP, Fiscalía) anunció este lunes que ha citado por segunda vez al candidato presidencial de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, sin que se conozca si atendió el primer llamado o mantuvo comunicación con el ente fiscal, que estaba previsto para hoy, en el marco de una investigación en su contra.
«Sírvase comparecer (…) el día 27 de agosto a las 10.00 horas (14.00 GMT) a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho, relacionado con la publicación y mantenimiento» de una página web, en la que el antichavismo asegura haber cargado «el 83,5 % de las actas electorales» para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio.
El mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de «falsas», luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamase como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.
Por ello, la Fiscalía ha citado al abanderado de la PUD, por la «presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración», los cuales acarrean penas de hasta 16 años de prisión.
El domingo, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que el MP lo «pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos», aunque no confirmó ni negó su asistencia a la Fiscalía.
A su juicio, el fiscal general, Tarek William Saab, «se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político», ya que -aseveró- «condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso».
En su mensaje, el exembajador instó a Maduro a que «entienda, por una buena vez, que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional, independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución», en referencia al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la reelección del chavista.
Mientras el gobierno y la Fiscalía señalan como falsas las actas divulgadas por la oposición, varias organizaciones respaldan su veracidad, entre ellas el Centro Carter, que participó como veedor en las elecciones, invitado por el CNE.
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