Cincuenta y dos son los parques eólicos proyectados en el territorio gallego cuya puesta en marcha se encuentra suspendida por decreto del Tribunal Superior Xudicial de Galicia (TSXG). La inquietud que levanta este escenario es general: desde la del sector energético y también del industrial, que ven peligrar la viabilidad de sus redes de proyectos; hasta la del Gobierno gallego, encargado de la tramitación y aprobación inicial que recibió cada uno de ellos; y la de la oposición, por lo menos en lo que a los socialistas gallegos atañe. Su secretario de Transición Energética y Planificación Industrial, Ángel Mato, ha reconocido este lunes que su formación «coincide» con la Xunta en la «preocupación» que le causan las parálisis de las renovables por suponer un «freno» para la descarbonización. Por eso, a raíz de la solicitud de la conselleira de Medio Ambiente de reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Mato ha animado a la Xunta a «trabajar en búsqueda de soluciones» pero, ha incidido, sin tirar «balones fuera» en materia de competencias. En declaraciones ofrecidas a periodistas, el cargo socialista ha concedido que su agrupación «coincide» con la Xunta en que las suspensiones de los proyectos aprobados «suponen un freno claro» para el paso a un modelo energético verde en Galicia, aunque ha considerado que la administración autonómica «ya se tenía que haber reunido [con el Gobierno central] para hacer la planificación adecuada» de cara a «evitar» el escenario actual. Pero, ha ponderado, «no es momento de echar la vista atrás», sino de dar con vías de actuación, y ha deseado que la situación que afrontan estos parques culmine en buen puerto, igual que la de aquellos tramitados por el Gobierno estatal, que «son los que están teniendo luz verde» y gozan de «vía libre». Al hilo, ha expresado que a la Xunta le conviene articular una planificación acorde con las nuevas directivas que se aplican a las renovables –y a las que atiende la justicia gallega en sus dictámenes–, estrechamente vinculadas a «aspectos ambientales, también sociales», para que los inversores que eligen Galicia como destino empresarial dispongan de su debida seguridad jurídica. Configurar un cambio de rumbo que comience a dar viabilidad al más de medio centenar de parques en ciernes, ha insistido, apremia: «El desarrollo y despliegue de la energía eólica en Galicia lleva siendo un completo fracaso desde hace quince años, y no hay más que ver esos 40.000 empleos que se perdieron en ámbito industrial», ha apostillado, echando mano de los datos que maneja el Consejo Económico y Social (CES). En su misiva, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ponía el acento en que «la descarbonización de Galicia está comprometida» y solicitaba una puesta en común con la ministra Teresa Ribera para, así, conocer su postura y la del Estado respecto a un asunto que tildó de «vital» para Galicia. Y, según ha dicho Ángel Mato, la esperanza de los socialistas es que la carta obedezca a una «sincera intención» de pedir ayuda al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y no constituya «un simple intento de echar balones fuera y tapar las propias vergüenzas». El Gobierno gallego, ha contrapuesto, debe «ponerse a trabajar en la búsqueda soluciones» sin «centrar esfuerzos en tratar de descargar sus responsabilidades en otras administraciones», sumando «el trabajo y la dedicación suficientes para poder transformar nuestro sector energético y, así, afianzar el desarrollo de la industria en la Comunidad». «En lugar de remitir cartas sospechosas que parecen echarle la culpa al Gobierno, lo mejor que puede hacer la Xunta, si quiere que la Justicia no paralice sus parques eólicos mientras da luz verde a los estatales, es ponerse a trabajar (...). En este caso todas las competencias son del Gobierno gallego y será quien tenga que poner sobre la mesa posibles soluciones para que esto no suponga ese tremendo freno en la descarbonización de Galicia«, ha apuntalado Mato.
