El acuerdo fiscal entre PSC y Esquerra está marcando la agenda política en agosto y, previsiblemente, seguirá en el centro durante los próximos meses. Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974), quien es Inspector de Hacienda y ha sido Consejero de Hacienda en Andalucía, es el máximo responsable del área económica en el PP y lleva la voz cantante en el partido de Alberto Núlez Feijóo en materia de financiación autonómica.
¿A qué cree que obedece el cambio de discurso del Gobierno con las palabras de Montero?
En el caso de María Jesús Montero, ya no sorprende a nadie que cambie de opinión o que mienta. El 15 de julio negaba que fuese a haber concierto, bilateralidad y un trato diferencial; cuando se produjo la investidura de Illa, afirmó que el concierto era bueno y debía extenderse al resto de autonomías; y, ahora escuchamos que dice que no existe concierto. Si es necesario, ella, igual que Sánchez, traicionan al conjunto de los españoles a cambio de conseguir el objetivo de que Sánchez siga durmiendo en la Moncloa, pero ha llegado un momento que ya no se fían de ella ni los españoles ni sus socios.
La reforma del sistema de financiación lleva años pendiente. ¿Se ha acercado el Gobierno a hablar con el PP?
El Gobierno, en ningún caso, se ha dirigido a nosotros para hablar nada del sistema de financiación. Nada. Cuando era consejera de Hacienda, en 2017, Montero decía que el Gobierno del PP tenía la responsabilidad de cambiar el sistema de financiación y hablaba de multilateralidad, de tratamiento de igualdad en la prestación de servicios y que no se podía esperar más a la reforma. Montero lleva ahora seis años en el Gobierno y no han hecho nada por cambiar el sistema de financiación. El PP ha hecho ya más propuestas para el nuevo sistema de financiación que el Gobierno.
¿Cuáles son sus propuestas para mejorar el sistema de financiación?
Hemos hablado de bilateralidad, de crear un fondo para el tránsito hasta el nuevo sistema de financiación, de la necesidad de reducir los plazos de liquidación de dos años a uno, de la necesidad de tener en cuenta como variables la dispersión de la población, el envejecimiento, los costes de vida o el coste efectivo de la prestación de los servicios. También apostamos por la cogobernanza de los fondos europeos, la cogobernanza en inversiones y el análisis bajo el principio del dato. Nadie habla de que si las pensiones crecen, también lo va a hacer el gasto en sanidad y en política social, como la dependencia. Es decir, las 14 autonomías del PP tenemos propuestas y el Gobierno no nos ha llamado y Sánchez se niega a convocar la Conferencia de Presidentes.
¿Hay unidad en el PP en torno a todas estas propuestas? El Gobierno acusa a su partido de estar dividido en torno a los criterios del nuevo sistema de financiación.
Es triste que haya calado el mensaje de la señora Montero diciendo que hay divergencia entre las Comunidades Autónomas del PP: donde tenía divergencias era en las Comunidades del PSOE, por eso jamás convocó el Consejo de Política Fiscal, porque no era capaz de poner de acuerdo a sus Comunidades. Ahora, no quiere que las 14 Comunidades del PP, que sabe que están en la misma línea e, incluso, apoyadas por Castilla-La Mancha o Asturias, puedan llegar a un consenso tan grande como sacar adelante un nuevo sistema de financiación. Cuando alguien tiene que llegar a un acuerdo en materia de financiación autonómica, está claro que ninguna va a sacar el 100%, pero sí van a sacar el 85% de lo que pretenden. El actual sistema, el de 2009, de Zapatero, solo lo votó el 51% del Congreso. El sistema del PP es el de 2002, el de Aznar, que apoyó más del 90% del Congreso. En el PP tenemos una posición consensuada y que busca mejorar el sistema de financiación de todos.
Va a haber un mayor gasto por el envejecimiento poblacional: ¿Cómo se afronta? El PP mantiene que bajará impuestos.
Hemos entrado en una dinámica en que parece que solucionar todos los problemas es a costa de subir impuestos. Sin embargo, tenemos gobiernos, como en Portugal, que bajando impuestos son capaces de crecer tanto como España y, además, hacer superávit fiscal. Eso demuestra que otra forma de gobernar es posible. Entre nuestras propuestas, hay un aspecto muy importante: el gasto. Es necesario hacer una evaluación del gasto ineficiente y superfluo: el Instituto de Estudios Económicos lo cifró en 60.000 millones y la Airef, en 20.000 millones. La Airef habla de partidas en subvenciones o política industrial o de empleo que no se usan eficientemente. No hablamos de recortes, un concepto de la izquierda, sino de eliminación de partidas que no aportan valor añadido: hemos visto ayudas de 200 euros para las rentas más bajas y costaba más la tramitación que la ayuda que recibía el ciudadano. Hay que adecuar la fiscalidad para generar más actividad económica y para generar más inversión, sobre todo, en I+D+i.
Es decir, en cuanto llegue el PP al Gobierno, garantiza una bajada de impuestos. En 2012 se incumplió la promesa.
Nosotros haríamos justo lo contrario a lo que está haciendo este Gobierno. Hay que hacer una profunda reforma fiscal para que se promueva aquello que se está debilitando, como la política industrial, la I+D+i, que es necesario para ser más competitivos, o la incorporación de digitalización. Tenemos que ser capaces de hacer una fiscalidad atractiva y que no sea expulsiva de la inversión en España, cosa que este Gobierno está provocando. El presidente Rajoy se encontró un país quebrado en 2012, con un déficit oculto y miles de millones de factura en los cajones sin pagar. El contexto tampoco es el mismo ya que la Unión Europea exigía austeridad y ahora permite una mayor expansión.
¿Cree que es positivo para España la ausencia de reglas fiscales visto el volumen de deuda que se ha acumulado?
El Gobierno de Sánchez es una máquina de gastar dinero ineficiente: más de 400.000 millones de euros y un nuevo récord de deuda. No es una cuestión de reglas o no, sino de gestión. Portugal tiene las mismas reglas fiscales que España y en 2023 creció y no hizo déficit fiscal. Solo en intereses vamos a pagar 10.000 millones de euros más, casi lo mismo que ha supuesto la subida de las pensiones.
El separatismo denuncia un déficit fiscal de miles millones. ¿Qué diagnóstico hace el PP sobre los problemas financieros en Cataluña, que se han traducido en unos niveles de deuda muy voluminosos?
Frente a ese discurso que utilizaban los independentistas de «España nos roba», creo que la gran mayoría de los catalanes ha visto que la causa de los problemas ha sido la corrupción del 3% y tener un gobierno con un presidente con el mayor salario de toda España, con más consejeros que ninguna autonomía y con voluntad de seguir con «embajadas». Se sigue priorizando el discurso político a la sanidad, educación o dependencia y eso hace que los catalanes tengan que hacer el mayor esfuerzo fiscal de toda España. El problema es de gestión, aunque claro que Cataluña necesita un nuevo sistema de financiación, como Madrid, Baleares, Valencia... pero se debe regir por los principios de igualdad y solidaridad. Somos un país en el que quien más gana, más paga.
Cuando llegue al Gobierno, ¿el PP se compromete a revertir el concierto económico catalán?
Lo ha dicho el presidente Feijóo: nosotros nos comprometemos a constituir un nuevo sistema de financiación autonómico y local nada más llegar, bajo los principios de multilateralidad, solidaridad e igualdad. Con nuestra propuesta de financiación, Cataluña verá reflejadas sus necesidades, como las verá Valencia, Galicia y el resto de Comunidades.
¿Han cuantificado cuáles son las necesidades de Cataluña?
Hemos anticipado algunas de las líneas maestras de nuestra propuesta y hoy prácticamente todo se puede cuantificar. Tenemos nuestros propios cálculos internos, pero a quien procede hacer una propuesta es al Gobierno. Tenemos el trabajo preparado para cuando Feijóo sea presidente.
Si fracasa el acuerdo fiscal entre PSC y ERC, ¿puede dar inicio a otro procés, como en 2012?
Lo que sí vemos es que hay un paralelismo entre Zapatero y Sánchez y el procés en Cataluña. Zapatero, con su apoyo a la reforma del Estatut y con su crítica a la resolución del Tribunal Constitucional, activó el procés; Sánchez, de nuevo, vuelve con la amnistía y la independencia fiscal. Como dijo Margallo, hay un intento de sacar a España de Cataluña.
Tras el concierto, ¿el separatismo pedirá más? Parece que las pensiones han quedado de lado.
Lo que está claro es lo que pide el separatismo, que es la recaudación del 100% de los tributos para quedárselos ellos y luego aportar lo que consideren, sin ninguna generosidad. Pero cuando hablamos de las pensiones, como en el caso de Cataluña son deficitarias porque las aportaciones a la Seguridad Social son inferiores a lo que cobran los pensionistas, esa partida no la quieren. El separatismo solo quiere lo que les da dinero, como los impuestos, para el procés y las políticas independentistas, pero no lo que les llevaría a hacer esfuerzo.
