Esta no es mi primera columna sobre educación, pero sí es la primera en que hago un llamado nacional a despertar, a que exijamos al gobierno fortalecerla sin condiciones, en vista del desastre suficientemente documentado por el Estado de la Educación, que señala las pésimas condiciones en que se encuentra la mayor prioridad social, la única que da oportunidades y cierra las brechas de la desigualdad.
Esta semana, Hacienda anunció un nuevo recorte al MEP, de ¢12.000 millones, so pretexto de cumplir una resolución de la Sala Constitucional. ¿Miopía, falta de sensibilidad social u otra agenda?
La Sala obliga al gobierno a girar fondos retenidos al Fodesaf, hecho sin justa causa, pues su fuente somos los patrones, trabajadores y los consumidores al pagar el IVA, cuyo destino son los programas Avancemos (evitar la deserción), red de cuidado (ayuda a las jefas de hogar), pensiones del Régimen No Contributivo (adultos mayores en condición de pobreza) y bonos de vivienda (poblaciones en condiciones extremas).
Este gobierno, más por ego que por hoja de ruta, ha querido cuidar las cifras macroeconómicas, pero ni eso ha logrado. La prueba más fehaciente es la nueva ley para suavizar los números fiscales para emitir eurobonos, ya que incumplió y sigue con la gran mentira de que el desempleo bajó. Con recortes en educación, va a sacrificar a toda una generación y, lo que es peor, a los más vulnerables.
No le basta con la más baja inversión en educación de los últimos años (un 5,3 %), y pretende rebajarla aún más. Se trata de tapar un hueco creando un cráter en lo social. El ministro justifica cómo cuantificó los ¢12.000 millones o el 37 % del recorte diciendo que obedecía a una operación matemática en relación con el peso relativo del presupuesto nacional, lo que carece de empatía con las consecuencias para estudiantes y educadores.
El recorte se anuncia en la misma semana que se publicitan inversiones por más de $66 millones que ha realizado Racsa, suma que, convertida a colones, supera con creces el recorte en educación.
Como si fuera poco, esas decisiones no han pasado por los controles de la Contraloría. Por cierto, la barbaridad de la “negociación del FEES” y el irrespeto a los rectores lo dejo para otra ocasión.
La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
