Al menos 35 periodistas salvadoreños, la mayor parte miembros de la redacción del periódico digital El Faro, sufrieron la intervención de sus teléfonos mediante el software bautizado Pegasus por su desarrolladora, la firma israelí NSO Group. El espionaje viola, en un solo acto, múltiples derechos humanos y civiles, no solo de las víctimas directas, sino de la población en general.
Un atentado tan brutal contra la libertad de investigar y difundir informaciones, ideas y opiniones es, también, una cortapisa a la libertad de recibirlas. Nadie sale ileso de una violación a la libertad de expresión, y espiar a los informadores está entre las peores formas de atropellar los derechos de la ciudadanía, aunque no siempre se dé cuenta, atontada por la demagogia y las fábricas de troles.
El Faro es una víctima totalmente lógica. Su periodismo de investigación incomoda al poder y a sus acólitos. El diario reveló, con prueba sólida, las negociaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y las tres pandillas más importantes del país para reducir la violencia en las calles.
La revelación valió al medio y sus periodistas una andanada de hostigamientos y amenazas, pero el gobierno niega participación alguna en las intervenciones telefónicas, mucho más completas que el tradicional “pinchazo” porque Pegasus toma control de casi todo el teléfono, incluida la cámara y los servicios encriptados de mensajería.
Una demanda de periodistas de El Faro contra NSO, interpuesta en Estados Unidos, cuenta con apoyo de The New York Times, el Centro Pulitzer y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. También las gigantes tecnológicas Apple y WhatsApp incoaron juicios aparte por la vulneración de sus tecnologías.
Mientras el gobierno de Bukele niega participación en el uso de Pegasus para espiar a periodistas, la desarrolladora del software pregona su política de conceder licencias solamente a organismos gubernamentales y agencias de inteligencia. Es difícil imaginar servicios de espionaje extranjeros interesados en monitorear a la prensa salvadoreña y, si hubiera indicios de semejante agresión, lo razonable sería una vigorosa reacción del gobierno local en defensa de sus ciudadanos.
Según NSO, el uso indebido de su tecnología es motivo de rescisión del contrato y, desde luego, la aplicación del programa a espiar periodistas es una desviación grave. Quizá haga falta aplicarle Pegasus al teléfono de Bukele para constatar si NSO Group debe cancelar algún contrato.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
