Rebelión laboral en el epicentro del catolicismo. La Asociación de Empleados Laicos del Vaticano ha abierto una guerra contra sus jefes para denunciar lo que consideran una vulneración de sus derechos laborales. La que vendría a ejercer las veces de sindicato del Estado más pequeño del mundo, puesto que los empleados no tienen derecho a huelga ni a crear este tipo de organismos, ha publicado en estos días un manifiesto inédito en el que denuncian un recorte de derechos en forma de externalización y privatización.
«Las noticias más recientes nos hablan de un Vaticano que se abre a la subcontratación en diversos sectores», relata en un comunicado esta entidad, que conforman 600 de los casi 5.000 empleados vaticanos. Así, esta plataforma creada en 1993 y reconocida por Roma como organismo representativo de los trabajadores pone como ejemplo algunos contratos de limpieza y portería, así como Annona, el único supermercado del Vaticano, que antes de final de año será explotado por primera vez en su historia por una empresa externa. Además, advierten de que la gestión de los bienes inmobiliarios también se ha puesto en manos de agencias, lo que traerá consigo que las residencias en las que viven algunos empleados suban a precio de mercado y acaben con uno de los grandes beneficios con los que hasta hora contaban. Sobre las inversiones, ponen en duda el hecho de que sean supervisadas por empresas norteamericanas. En el manifiesto también hacen referencia a la primera demanda colectiva presentada en primavera por los trabajadores de los Museos Vaticanos para exigir mejoras como el reconocimiento de la antigüedad, bajas por enfermedad y compensación de las horas extra.
A la par, critican una reducción en las contrataciones, limitaciones en el pago de horas extras, retrasos en una reforma salarial anunciadas y ausencia de medidas en materia de pensiones. Incluso dejan caer que se están produciendo ascensos que «no siempre se desarrollan según criterios de meritocracia». Aunque el salario medio de un trabajador vaticano puede rondar los 2.000 euros al mes, el perfil es tan diverso que se registran hasta catorce categorías de contratados. El sueldo más básico ronda los 1.500 euros, que correspondería, por ejemplo, al de un vendedor de una tienda de souvenirs. Un administrativo, un contable o un periodista puede cobrar cerca de 3.000 euros, con trece pagas anuales, una prima de antigüedad cada dos años y una compensación ligada a la inflación. Los altos cargos se mueven entre los 2.900 y los 3.650 euros, aunque algunos pueden cobrar hasta 25.000.
En este escenario, hay quien pone en duda las quejas de la Asociación de Empleados, al considerar que, más que reclamar derechos, se reivindican privilegios. Frente a ello, el colectivo da por sentado que Francisco ha promovido una reforma estructural que estaría configurando «una multinacional un tanto coja». De hecho, no dudan en lanzar un dardo al pontífice, que ha hecho de la defensa de los trabajadores de todo el planeta una de sus puntas de lanza, citando una de sus frases de cabecera: «El trabajo es propio de la persona humana: expresa su dignidad de criatura hecha a imagen de Dios».
Lo cierto es que uno de los principales encargos que hicieron los cardenales en las reuniones previas al último cónclave fue un saneamiento integral a la luz de los escándalos de corrupción y ante una bancarrota manifiesta, no por falta de ingresos, sino por una errada gestión. El pontífice argentino se puso manos a la obra y, tras un frustrado intento de reforma del fallecido cardenal George Pell, puso el desafío en manos de un equipo español liderado por el jesuita Juan Antonio Guerrero. Después de prácticamente tres años como «ministro» de Economía donde apuntaló los cambios fundamentales, renunció al cargo por motivos de salud. Al frente de la Secretaría de Estado se situó su principal colaborador, Maximino Caballero, que es el prefecto en fondo y forma. Desde 2020 se han optimizado y controlado los gastos, licitaciones y contrataciones de todo tipo, con unos criterios de transparencia, legalidad y competencia. Este estado de auditoría permanente se ha traducido en una oposición interna de quienes manejaban el cepillo eclesial a su antojo.
Para hacerse una idea del escenario que se encontró el «staff» extremeño encargado de poner orden a este desconcierto, basta decir que el Vaticano ni tan siquiera contaba con un departamento de recursos humanos como tal. Francisco lo creó en el verano de 2022. En septiembre designó como director al abogado madrileño Luis Herrera Tejedor, algo que no gustó. No solo por no ser italiano, sino porque bajo el brazo traía un sistema de evaluación de los trabajadores que ha puesto en evidencia a más de uno.
Aun así, la Secretaría de Economía no ceja en su empeño higienizador con una máxima papal: cero despidos. Con esta premisa que limita la acción en medio de una superpoblación de bedeles, ujieres y asistentes, los ajustes han llegado por otras vías. «Más que recortes, lo que se han establecido es medidas de control inexistentes hasta la fecha», exponen quienes conocen desde dentro los pasos que se han dado. «Yo diría que, más que borrar derechos a los trabajadores, se han reducido las prebendas», expone una fuente vaticana, que critica el sistema de clanes que habría entre «famiglias» italianas de empleados que hasta ahora han funcionado como «auténticas dinastías». «En el fondo, en algunos casos es como conseguir una plaza de oposición heredada, con una ventaja, porque se te contrataba a dedo y sin riesgo alguno a que te echen», denuncian otras voces. A estos beneficios se sumaría el hecho de que apenas pagan un 10 por ciento de impuestos, frente a cualquier ciudadano italiano, que debe ofrecer en torno a un 40 por ciento de sueldo bruto a las arcas del Estado.
El «sindicato» lo ve con otros ojos y vaticina «un cambio radical de dirección: de una pequeña comunidad inspirada por los valores del Evangelio, deseosa de subrayar su particularidad ante los ojos del mundo, a una empresa de pleno derecho».
