Funcionarios judiciales de las más diversas extracciones respondieron al llamado de Monseñor Oscar Ojea para tomar contacto estrecho con vecinos y vecinas de los barrios populares y poder tener un conocimiento directo de sus conflictos y necesidades de acceso a la justicia frente a la marginación social.
Reeditando los encuentros llevados a cabo en el barrio 1-11-14 de la CABA y en el Hogar del Padre Cajade en La Plata, una amplia gama de jueces, vecinos, representantes sociales y autoridades eclesiásticas se dieron cita en el territorio para intercambiar miradas y trazar estrategias.
Los magistrados escucharon a los asistentes, entre los cuales estaban mujeres, niños y ancianos asistidos por los Hogares de Cristo y también referentes de organizaciones barriales, sociales y sindicales que expresaron a los magistrados sus preocupaciones y estado de alarma que aflige, fundamentalmente, a aquellos que se encuentran en las periferias.
Así, la agenda fue propuesta por los habitantes de las barriadas, quienes alertaron por la crisis social que los golpea: falta de trabajo y de alimentos, criminalización y represión de los niños y la expansión del narco no solo en lo que hace a la problemática de la droga, sino como proveedor de trabajo, comida y servicios al interior de los barrios marginales, profundizando la fragmentación del tejido social.
En pos de construir una justicia más humana se asumió el compromiso de una mayor cercanía con los vulnerables y, fundamentalmente, que la prioridad del servicio de justicia sea garantizar la vida y la dignidad de las personas más humildes en este contexto acuciante.
En la jornada, estuvo presente el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien manifestó que le resulta "imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el año 2016".
Luego, tomó la palabra Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien narró: "Esta semana, con la Defensoría, tuvimos que llegar a la Corte Suprema de Justicia para que después de 7 meses el Estado reparta los alimentos para darle de comer a la gente". En ese contexto, agregó: "la demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones".
También estuvieron presentes los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma. La jueza Ledesma recordó que junto a Slokar "dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los chicos menores".
Por su parte, previo al cierre del Obispo Ojea, el Juez Slokar expresó: "La justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles. Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero". Y remató: "Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión".
Para cerrar el encuentro del que además participaron, entre otros, Agustina Díaz Cordero (Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación), Facundo Tignanelli (Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires) y Ernesto Kreplak (Juez Federal de La Plata), el Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Oscar Ojea explicó que a pesar del trabajo que la Iglesia lleva a cabo en los barrios "sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente".
