Un grupo de diputados se opone a la reelección del magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, por un nuevo periodo de ocho años, luego de que 18 organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento en el que lo señalan por presuntos actos de violencia contra las mujeres y abuso de poder.
En una carta enviada a los miembros de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, el juez afirmó que no existe denuncia alguna en su contra por supuestos delitos sexuales ni ha sido sancionado en el ejercicio de sus labores, además de que siempre ha sido respetuoso con sus compañeras. Alegó que existe una campaña para ensuciar su nombre.
Las congresistas Monserrat Ruiz y Kattia Cambronero, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP), confirmaron que votarán en contra de la reelección de Sánchez. Ruiz indicó que dos legisladores más del PLN le han expresado su apoyo al respecto.
A esto se suma que la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, se ha manifestado en contra de la continuidad de Sánchez, e incluso votó en contra de su reelección durante el debate en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Finalmente, el diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, indicó que su fracción tiene serias dudas sobre la continuidad del magistrado.
“Han surgido diversas y muy preocupantes informaciones que realizan señalamientos muy graves respecto al señor magistrado. La fracción del Frente Amplio tomará el próximo lunes la decisión de cómo votaremos, pero lo cierto es que esto nos genera muchísima preocupación; analizaremos los señalamientos con mucha seriedad, no los vamos a pasar por alto”, declaró Acuña.
Luis Porfirio Sánchez asume presidencia de Sala Segunda
Las 18 organizaciones civiles que emitieron el comunicado, entre las que están el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Foro de mujeres políticas por Costa Rica, se pronunciaron así el 22 de agosto sobre el magistrado:
“En su calidad de juez laboral, rechazó una demanda por acoso sexual contra un exdiputado, decisión que posteriormente fue revertida por la Sala II debido a serios vicios en el procedimiento y una errónea aplicación de la ley vigente. En la sentencia, quedó constancia de la falta de debida diligencia y total ausencia de perspectiva de género que tuvo el entonces juez Sánchez al conocer los hechos en primera instancia”.
“También, se ha denunciado públicamente la negativa a reconocer el derecho a la lactancia materna a una defensora pública cuando ejercía como juez en la Inspección Judicial. Y, como hecho gravísimo, existe una denuncia sobre actos obscenos frente a una jueza, lo cual constituye un flagrante acto de violencia y abuso de poder contra dicha funcionaria pública”.
El comunicado fue firmado por:
Estas organizaciones recordaron a los diputados que la personas que ocupen altos cargos en la Corte Suprema de Justicia deben ser íntegras e idóneas, ya que la normativa nacional exige probidad y rectitud para todas las personas funcionarias públicas.
“En momentos en que la violencia contra las mujeres en el país aumenta, resulta inaceptable que la Asamblea Legislativa evada esta información, pues esto envía un mensaje de tolerancia con la violencia hacia las mujeres. Hacemos un llamado al Congreso para que rechace la reelección del señor Luis Porfirio Sánchez”, cita la declaración conjunta.
Diputados eliminan votaciones secretas en la Asamblea, con 43 votos a favor y 8 en contra
La diputada Monserrat Ruiz indicó a La Nación que conversó del tema con sus compañeros Kattia Rivera y Joaquín Hernández, así como con Kattia Cambronero, del PLP. “No podemos seguir perpetuando más las prácticas en torno a la violencia sexual hacia las mujeres, no podemos permitir este tipo de acciones en personas con puestos de poder”.
Cambronero confirmó lo dicho por Ruiz: “Ante cualquier duda, uno no puede votar a favor de esa reelección, las acusaciones son muy graves. Él envió una nota a la Comisión de Nombramientos, pero yo no encuentro un descargo claro a las acusaciones que se le hacen. Tampoco lo hizo públicamente, solo envió la nota a la comisión, pero ¿por qué no lo hizo público? Yo no quedo satisfecha, me parece que no debería ser reelegido”.
La diputada del PLP aseguró que Ada Acuña, legisladora del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), también le externó su preocupación por las acusaciones. Este medio intentó contactar tanto con Acuña como con Pilar Cisneros, pero no fue posible.
Estas son acusaciones muy serias y que requiere una investigación más profunda por parte de los diputados y diputadas. No puede ser reelegido nadie sin antes no se aclare esta información públicamente. @asambleacrc https://t.co/9youPTn27j
— Kattia Cambronero Aguiluz (@AguiluzKattia) August 20, 2024
La reelección Luis Porfirio Sánchez se discutió el pasado 14 de agosto en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, ocho días antes de que las organizaciones civiles publicaran su pronunciamiento.
Seis de los siete diputados integrantes de ese foro emitieron la recomendación de renovar el nombramiento al magistrado. Así votaron Carlos Andrés Robles, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gloria Navas, independiente; Eliécer Feinzaig, del PLP; Alejandra Larios y Dinorah Barquero, del PLN; y Jonathan Acuña, del FA. Solo votó en contra la congresista Pilar Cisneros.
La jefa de la fracción de gobierno criticó a Sánchez por su mal rendimiento en la Sala II y por la acumulación de expedientes judiciales sin atender en su despacho.
“La ciudadanía demanda resultados, demanda justicia pronta y cumplida y no puede ser que haya expedientes que tienen cuatro o cinco años de atraso; gente que se muere esperando justicia y nunca la logra. Hay un serio problema y yo no veo que este señor (Sánchez) esté preocupadísimo por solucionarlo, ¿lo vamos a dejar ahí ocho años más? Yo justifico así mi voto negativo”, externó Cisneros durante la comisión.
Estas 10 elecciones serán públicas en la Asamblea Legislativa gracias a histórica reforma
Seis días después, el 20 de agosto, el abogado y exalcalde Mario Rucavado publicó un artículo de opinión en el medio de comunicación digital Delfino.cr, en el cual calificó como inaceptable la reelección de Sánchez.
Incluso, Rucavado narró unos acontecimientos que, según indicó, le fueron compartidos por una de sus clientas, quien se desempeñó como jueza interina en la Corte Suprema de Justicia. Según el jurista, años atrás, el magistrado habría realizado actos obsenos sin consentimiento frente a su clienta.
Al respecto, el magistrado Luis Porfirio Sánchez envió una carta a la Comisión de Nombramientos, el pasado 21 de agosto, en la cual rechazó las acusaciones y las calificó de falsas. El juez afirmó que Rucavado incurrió en una práctica desleal, realizada específicamente en el momento en que se encuentra en proceso de reelección.
“Tengo una familia, hijos, un matrimonio consolidado; quienes me conocen puedan dar fe de que siempre he sido una persona respetuosa con las compañeras de trabajo y personal auxiliar. Estas atribuciones propias de grupos de personas que han querido ensuciar mi nombre no las voy a permitir.
“Nunca he sido denunciado por ningún delito sexual ni por conductas de acoso sexual en el trabajo. Tengo más de 31 años de servicio, nunca he sido sancionado por ninguna conducta en el ejercicio de mis funciones, tengo reconocimientos por parte del Poder Judicial por mantener un registro disciplinario intachable”, agregó a los diputados.
La Nación intentó obtener una reacción adicional del magistrado mediante la oficina de Prensa del Poder Judicial, pero este despacho solo remitió la carga que el juez envió a los legisladores.
Sánchez advirtió de que, en los próximos días, interpondrá una querella contra Mario Rucavado por el daño a su imagen con información falsa.
La votación está prevista para realizarse el próximo miércoles 28 de agosto, ya que le nombramiento de Sánchez vence el 5 de setiembre. Sánchez fue electo magistrado con votación secreta el 5 de setiembre del 2016 y, en octubre del 2022, asumió la presidencia de la Sala Segunda. Para evitar su reelección, es necesario el voto negativo de una mayoría calificada del plenario, es decir, 38 votos congresistas.
