Estados Unidos quiere que México investigue si Pirelli Neumáticos está negando los derechos laborales a los trabajadores de su planta en Silao, Guanajuato, e impidiendo que formen un sindicato independiente.
La representante de Comercio de EU, Katherine Tai, señaló este viernes en un comunicado que ha suspendido la liquidación de los aranceles de los productos de la factoría de Pirelli, que transforma hule en neumáticos para automóviles, y que ha invocado el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Esperamos seguir nuestra colaboración con el Gobierno de México para proteger los derechos de los trabajadores en la factoría”, dijo Tai.
La subsecretaria adjunta de Derechos Laborales Internacionales, Thea Lee, afirmó que la revisión del caso “proporciona una oportunidad bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para que los trabajadores de Pirelli se beneficien de la aplicación del acuerdo en el sector del hule, consistente con las leyes mexicanas”.
Los trabajadores de la planta de Pirelli Neumáticos anunciaron a principios de julio que presentarían una queja laboral al amparo del T-MEC para exigir que la compañía aplique las condiciones mínimas recogidas en el Contrato Ley de la Industria Hulera, que define percepciones y prestaciones mínimas por ley en el sector.
Los trabajadores también quieren formar un sindicato independiente afiliado a la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) y desligarse del actual sindicato Miguel Trujillo, al considerar que no representa sus intereses colectivos, ya que tienen los salarios más bajos del sector de los neumáticos.
En julio, las autoridades estadounidenses recibieron una queja de LSOM y otras organizaciones tanto de México como Estados Unidos que denunciaba que Pirelli Neumáticos no aplica el contrato ley.
Tras estudiar el caso, las autoridades estadounidenses concluyeron que hay “pruebas suficientes y creíbles” de que se están negando los derechos laborales a los trabajadores de la planta de Guanajuato por lo que Tai ha remitido a México la petición de que se investigue.
México tiene ahora 10 días para aceptar realizar la investigación y, si está de acuerdo, 45 días para terminarla.
