Desde junio del 2014, la población indígena kukama kukamiria vive una pesadilla. Un derrame de más de 2300 barriles de petróleo, que provino del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú, envenenó las aguas en la quebrada de Cuninico, en el distrito de Uraninas, en la región Loreto.
El desastre ambiental produjo la contaminación de este afluente del río Marañón e impactó sobre la salud y vida de la población que, diez años después del derrame, aún tiene dificultades para obtener agua y sigue pidiendo justicia.
A pesar de las promesas incumplidas y las evidencias científicas, Petroperú se resiste a aceptar que hubo una afectación a la población. Mientras tanto, la comunidad sufre enfermedades, pérdida de sus medios de vida y la incertidumbre de un futuro contaminado.
Para evidenciar estos casos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) lanzó la campaña #HazteCargo, con el fin de tomar acciones inmediatas para enfrentar los daños ecológicos y promover una mayor protección a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana.
Según información de la campaña, en la Amazonía peruana se han producido más de 70 derrames de petróleo en las últimas dos décadas han afectado gravemente la selva amazónica y sus habitantes.
Sobre el caso Cuninico, Galo Vásquez Silva, apu de la comunidad nativa de Cuninico y representante de la Federación de Pueblos Cocama Unidas del Marañón, denunció que "el agua de la quebrada está envenenada. No tenemos suficiente agua y a veces tenemos que esperar la lluvia, pero ahora es agosto y hace sequía".
Refirió que, a pesar de que el Ministerio de Vivienda inició obras para garantizar el acceso al agua potable, estas aún no han concluido. Aseguró que un estudio del 2023 efectuado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), “corroboró que aún hay contaminación, tanto en el agua y suelo de las comunidades”.
El caso Cuninico es emblemático. Por primera vez, OEFA reconoció la responsabilidad de Petroperú y el daño causado. Este precedente ha servido para otros casos como Imaza y Morona, donde la empresa también fue multada por negligencia.
Por ello, la comunidad de Cuninico y sus representantes legales seguirán luchando por justicia. "La demora es inaceptable. Los procesos constitucionales deben ser rápidos, pero Petroperú se resiste a cumplir", afirmó Quispe.
“Este caso nos lleva a reflexionar respecto a la necesidad del Estado peruano a hacer una reforma a nivel de justicia ambiental, de manera que el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, el cual está vinculado a otros derechos humanos como a la salud, pueda ser garantizado de manera efectiva”, comentó Wendy Ancieta, coordinadora jurídica de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Para más información y para participar en #HazteCargo, visita el sitio web.
