El Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves una reforma constitucional que tiene como fin evitar el aumento desmedido en el cobro de las rentas de inmuebles utilizados para vivienda en la capital del país.
La iniciativa, enviada por el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, fue aprobada por unanimidad con 57 votos a favor y plantea la modificación del Código Civil y la Ley de Vivienda para que el incremento anual de la renta no supere la inflación reportada por el Banco de México.
Actualmente, este incremento no puede exceder del 10 por ciento anual de la cantidad pactada como renta mensual, pero con dichos cambios, la nueva redacción del artículo 2448 D del Código Civil quedaría de la siguiente manera:
“El incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual”, se puede leer en la norma.
De acuerdo con Batres, esta reforma busca atender el acelerado incremento de los costos de las rentas en la capital, pues indicó que entre 2013 y 2019 aumentaron hasta ocho veces más que el salario mínimo.
Entre las modificaciones también se contempla la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata a cargo del gobierno local. Lo anterior obliga a los arrendadores a registrar sus contratos dentro de los 30 días posteriores a su firma.
Además, dentro de la Ley de Vivienda, los legisladores añadieron un numeral al Artículo 1 que garantiza la construcción pública de vivienda en renta a precios asequibles para las personas con menores ingresos.
????️Congreso capitalino modifica legislación en materia de renta de vivienda
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 23, 2024
▪️ El incremento de la renta no podrá ser mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior.
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De esta manera se pretende ampliar el acceso a la vivienda para un mayor número de personas, estableciendo mecanismos que garanticen este derecho, principalmente a:
Octavio Rivero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, recordó que la vivienda digna no es un privilegio, sino un derecho resguardado en la Constitución. Dijo que se trata de una problemática que lleva años ocurriendo, pero que no ha sido abordada correctamente.
“De ser aprobado el dictamen que estaremos votando en unos momentos, seremos participes de una de las reformas que limitarán el aumento en el precio de las rentas de manera desproporcionada, coadyuvando así también a detener el fenómeno de la gentrificación y la especulación inmobiliaria”, apuntó.