Observadores internacionales cuestionan independencia del Tribunal en Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha certificado la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales realizadas el pasado 28 de julio. Este fallo se produjo después de un análisis formal de los resultados y desestima las afirmaciones de la oposición, que indicaban que Edmundo González había salido victorioso.
La presidenta del Tribunal, Caryslia Rodríguez, informó que, tras revisar los instrumentos electorales y escuchar a las partes involucradas, los magistrados ratificaron “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral.
Según Rodríguez, los boletines del Consejo Nacional Electoral están reflejados fielmente en las actas de escrutinio de las máquinas de votación.
Este análisis fue solicitado por el presidente Maduro y ha sido objeto de escepticismo por parte de observadores nacionales e internacionales, quienes cuestionan la independencia del Tribunal Supremo. Rodríguez afirmó que la sentencia “concluye de manera definitiva el recurso contencioso electoral” y valida los resultados oficiales de las elecciones.
En respuesta al fallo del Supremo de Venezuela, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo pública su postura. Boric, quien ha mantenido una crítica constante hacia Nicolás Maduro desde que asumió el poder en marzo de 2022, se manifestó contundentemente en la plataforma X (anteriormente Twitter).
Allí, Boric afirmó que el gobierno venezolano culminó “el fraude” con este fallo del Tribunal. “El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia”.
No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, escribió Boric.
Este mensaje de Boric marcó la primera vez que el mandatario chileno se refirió al gobierno de Maduro como “dictadura”, insistiendo en que había evitado anteriormente tal terminología. Según Boric, “La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere”. Este posicionamiento refuerza su llamado a una izquierda democrática y plural en América Latina.
A nivel regional, el reconocimiento del Supremo venezolano ha generado diversas reacciones por parte de gobiernos y líderes internacionales. Uno de estos fue el canciller de Uruguay, Omar Paganini, que expresó que el fallo “de ninguna manera” es creíble y reiteró su preocupación por el proceso. “Esto indica una vez más que el régimen se dedica a desconocer todos los llamados de la comunidad internacional a que realice una constatación de los datos de las actas que demuestre con información detallada lo que se proclama”, puntualizó Paganini consultado por la Agencia EFE.
El canciller uruguayo añadió que el Tribunal Supremo venezolano, que no es el organismo competente para dirimir tales asuntos, no brindó explicaciones detalladas que justifiquen el fallo. “Todos sabemos además que en Venezuela estos organismos no son independientes del Poder Ejecutivo, de manera que es un organismo que depende de Maduro, que está avalando que el propio Maduro sale reelecto. Claramente no se trata de un pronunciamiento creíble de ninguna manera”, enfatizó.
La certificación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a favor de Maduro es el último episodio en la controversia electoral en el país sudamericano. Este proceso ha sido vigilado de cerca por actores internacionales, y las reacciones varían desde la aceptación hasta el rechazo tajante del fallo por parte de otros gobiernos y organizaciones.
En tanto, la población venezolana permanece dividida entre quienes apoyan al gobierno de Maduro y aquellos que respaldan a la oposición liderada por Edmundo González.
Hace pocos días, 22 naciones de todo el mundo, junto con la Unión Europea, hicieron un llamado solicitando la “divulgación inmediata de todas las actas originales” relacionadas con las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Además, pidieron una verificación “imparcial e independiente” de los resultados, los cuales fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral y dieron como vencedor a Nicolás Maduro, según confirmó una declaración emitida en Santo Domingo.
El texto, leído por el ministro de Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, desde el Palacio Presidencial de Santo Domingo junto a los otros firmantes, destaca que “cualquier retraso” en esta verificación, “preferentemente realizada por una entidad internacional para asegurar el respeto a la decisión del pueblo venezolano expresada en las urnas”, cuestiona los resultados oficiales publicados el 2 de agosto.
La declaración incluye a países como Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, Surinam, Portugal, República Dominicana, Uruguay y la Unión Europea (UE), los que hacen un “llamado firme a la sensatez y la moderación en Venezuela”.
“En este momento crucial para Venezuela y la región, todos los actores sociales y políticos deben actuar con la máxima moderación en sus declaraciones públicas”, continúa el texto.
El documento insta al respeto de “los principios democráticos, los derechos humanos, y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, incluyendo el derecho a protestar pacíficamente y a la libre expresión”, indicando que “esta no es la situación actual en Venezuela. Las denuncias sobre detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso resultan alarmantes, por lo que solicitamos su inmediata liberación”.
Asimismo, los firmantes expresan su “fuerte rechazo a la represión de manifestantes y a la violencia que ha resultado en la pérdida de vidas de muchos venezolanos en el contexto posterior a las elecciones”.
Por estas razones, hacen un “llamado urgente a las autoridades venezolanas para que cesen la violencia y liberen a todos los detenidos, incluyendo a líderes opositores”, así como solicitan que se permita el regreso al país de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asegurando condiciones adecuadas para que pueda cumplir su mandato.
Finalmente, se enfatiza la necesidad de que Venezuela, como Estado miembro de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, otorgue salvoconductos que permitan la salida segura del país a seis personas que han solicitado asilo y que están actualmente en la residencia oficial de Argentina.
