El Partido Socialista y el Partido Popular dan total prioridad ahora a acordar quién ostentará el cargo de gobernador y subgobernador del Banco de España. Las negociaciones se pausaron a comienzos del verano después de que el Gobierno propusiera al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como sustituto de Pablo Hernández de Cos. Los partidos retomarán las reuniones al inicio del curso político con la mirada puesta en nombrar, cuanto antes, un nuevo responsable al frente del órgano supervisor, para después afrontar la renovación de la Junta Electoral Central, la CNMV, la CNMC...
También dejarán para el final los cambios en la cúpula de Radiotelevisión Española (RTVE). Tanto socialistas como populares entienden que se trata de la negociación más espinosa y delicada para la opinión pública, y no quieren comenzar el curso trasladando una imagen de intromisión política en los medios de comunicación públicos.
Hay dos motivos por los que PP y el PSOE priorizan los nombramientos en el Banco de España por encima del resto de organismos pendientes de renovación: en primer lugar, se trata tan solo de dos puestos —el gobernador y el subgobernador—, sin mayorías que dirimir; y en segundo, por la neutralidad que se le presume al cargo. Se trata de uno de los pocos puestos donde, a pesar de ser nombrado por la Cámara Baja, no suele designarse a ningún militante político.
Los dos partidos ya tuvieron muy en cuenta el coste que podía suponer renovar el Consejo General del Poder Judicial en plena ofensiva del Partido Popular por la carga política de los nombramientos del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. “Después del CIS, de la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional... no podemos contribuir a que se nos asocie con la politización de las instituciones”, argumentaban desde el PP en los últimos meses. Un planteamiento que llevó a los populares a frenar las negociaciones que, finalmente, se resolvieron a finales de junio tras cinco años de bloqueo.
Los nombramientos en el Banco de España esquivan una cuestión tan polémica como la politización de la Justicia, y permiten a ambos partidos afrontar las conversaciones con más tranquilidad.
El Gobierno de Mariano Rajoy optó por Fernández de Cos, sin afiliación política alguna, que dirige la institución desde mayo de 2018. Ahora el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha propuesto al ministro Escrivá. Una apuesta que los populares rechazan de plano porque, a su parecer, rompe el estatus de independencia que ha llevado a ambos partidos a dar prioridad a este cargo y no al resto.
El responsable de Transformación Digital y Función Pública es de los ministros que más tiempo acumula en el Gobierno y su afinidad con el presidente está más que contrastada. Durante los cuatro años de la pasada legislatura ocupó uno de los cargos de mayor confianza de Sánchez, el Ministerio de Seguridad Social, responsable —entre otras cuestiones— de las pensiones.
Aunque el nombre de Escrivá supuso una piedra en el camino de las conversaciones PP-PSOE, se barajaron más opciones y el acuerdo estuvo cerca de cerrarse. La llegada del verano y las negociaciones entre ERC y PSC echaron el freno a las conversaciones, pero con la intención de retomarlas cuando se reiniciase el curso. La intención de Génova ahora es que el PSOE renuncie a Escrivá y se acuerde un perfil sin pasado político. Cuando se resuelva la negociación, darán paso al resto de organismos.
En la hoja de ruta de ambos partidos también tienen claro que RTVE será el último peldaño. No solo por ser el más polémico, también por la complejidad que conlleva el órgano. Tres consejeros elegidos por el PP tienen el mandato caducado, también el del PNV. No solo populares y socialistas participan de esta negociación. Otras formaciones autonómicas también tienen peso.
El próximo 27 de septiembre termina el plazo para renovar el órgano. Si no hay acuerdo antes, los consejeros deberán votar cómo desbloquear la situación. La opción más probable, según fuentes de los partidos que forman el Ejecutivo, pasa por una presidencia rotatoria, que recaería en el miembro más longevo de la cúpula. Cada presidencia tendría una duración de seis meses.
En cualquier caso, estos mecanismos del ente público permiten dejar para más adelante un acuerdo entre los dos grandes partidos.
Desde el Gobierno niegan que se haya avanzado en el acuerdo en las últimas semanas. Todas las negociaciones están paradas, como mínimo, hasta septiembre, aseguran; desde el Banco de España hasta RTVE. Pero con el ente público las posiciones siempre se han mantenido distanciadas.
Sí abordaron esta renovación durante la negociación del CGPJ. Las sucesivas reuniones para desbloquear los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces permitieron a Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relación con Las Cortes, intercambiar pareceres con Esteban González-Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP, pero sin conseguir apenas avances aseguran estas fuentes.
