Los diputados rechazaron dispensar de trámites un proyecto de ley del Frente Amplio (FA) que plantea descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR).
La moción de orden, que proponía discutir el texto directamente en el plenario, no alcanzó los 38 votos necesarios para su aprobación. En dos ocasiones, recibió 20 votos a favor y 20 en contra.
Las pensiones pagadas con el Presupuesto Nacional, entre ellas las del RTR, están congeladas desde el 2020 debido a la situación de las finanzas públicas del país. La regla fiscal, introducida mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, establece que no habrá aumentos en salarios ni pensiones de gobierno mientras la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB).
La medida tiene por objetivo contener el crecimiento del gasto público.
A su vez, la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional establece que las pensiones del RTR solo se incrementarán por costo de vida si también se otorga un aumento similar a los salarios del sector público.
4.250 docentes aún tienen derecho a una pensión con cargo al Presupuesto Nacional
La reforma, planteada por sindicatos del Magisterio Nacional y acogida principalmente por diputados del FA, propone que las pensiones del RTR se revalorizaran automáticamente cada seis meses en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como lo establecía una norma que fue derogada.
El proyecto también propone que, por medio de un transitorio, se otorgue un aumento anual adicional, durante cinco años, de un 2% para todas aquellas pensiones que no superen el monto equivalente a dos salarios base, ¢924.200.
También, se plantea un aumento anual de 1%, durante cinco años, para todas aquellas pensiones por montos iguales o superiores a dos salarios base.
El expediente se sometió a votación de trámite rápido, pese a que, en la reunión de jefes de fracción del 14 de agosto, la mayoría de las bancadas le pidieron a la subjefa de bancada del FA, Rocío Alfaro, que presentara un estudio que indicara de dónde saldrían los recursos para el incremento.
En esa línea se manifestaron los jefes de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo; el Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas; y el gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.
Cisneros expuso que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma tributaria del 2018) establece que no deben aumentarse por costo de vida las jubilaciones mientras la deuda supere el 60% del PIB, como ocurre en la actualidad.
Rechazada la dispensa de trámite, el texto deberá ser discutido en una comisión legislativa.
Votaron a favor de la dispensa 14 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), tres del Frente Amplio, Luz Mary Alpízar del PPSD, y las independientes Gloria Navas y María Marta Padilla.
En contra se manifestaron seis legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), seis del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), cuatro del Partido Liberal Progresista (PLP) y cuatro del Partido Nueva República (PNR).
