En la madrugada del 22 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició un operativo contra el crimen organizado, capturando a 8 extranjeros de nacionalidad colombiana que residían en Cusco, por haber delinquido en la presunta modalidad de banda delincuencial en diversas faltas a la ley y a los ciudadanos.
Sin embargo, el operativo se vio momentáneamente limitado, debido a que los policías, junto a los fiscales del Ministerio Público, tuvieron que esperar a los abogados de los detenidos por una nueva ley que el Congreso de la República legisló, indicando que los acusados solo podrán ser allanados de sus pertenencias siempre y cuando su defensa legal esté presente.
A pesar de ello, en las diligencias se logró intervenir a 4 viviendas en la ciudad imperial del Cusco y otra que se encuentra en la provincia de Cañete, perteneciente a la región de Lima. Este operativo se ejecutó bajo la orden judicial que dictaba poner en resguardo a los presuntos hampones que operaban atemorizando varios años la región de la ciudad del ombligo del mundo.
El operativo está al mando del jefe de la Región Policial Cusco, el general PNP Julio Becerra Gamarra, quien explicó que 7 de las detenciones fueron en la ciudad del Cusco, y una en la provincia de Cañete, en Lima.
El general Becerra indicó que esta supuesta banda delictiva estaría inmensa en varios delitos como; usura (préstamo gota a gota), trata de personas, extorsión y hasta microcomercialización de drogas.
"Dentro del marco de la modificación de la ley de crimen organizado, para hacer registro del ambiente o departamento donde están albergando, tienen que contar con un abogado de su libre elección (...), caso contrario, tendré que pedir a la defensa pública que venga para que intervenga por ustedes", indica a los detenidos el fiscal a cargo del operativo de esta madrugada del 22 de agosto en Cusco.
El jefe policial comentó que, esta es la segunda intervención que realiza con la nueva legislatura contra el crimen organizado, por lo que tanto los agentes del orden como representantes del Ministerio Público tuvieron que aguardar durante varias horas a los abogados de los involucrados para efectuar las diligencias.
"La ley nos exige que una vez que estemos en el interior del domicilio tenemos que esperar la presencia del abogado para proceder con la búsqueda de las especies que prueben las hipótesis de la Policía y del Ministerio Público", agregó.
Becerra Cámara manifestó que se realizaron las coordinaciones con la Defensa Pública para que designe un abogado de oficio e inicie con el registro domiciliario.
Al cierre de la presente información, las diligencias continúan desarrollándose en las viviendas vinculadas, donde una se encuentra centrada en la concurrida avenida La Cultura, lugar en que se detuvo al presunto cabecilla de la posible organización criminal.
