“El director de un centro educativo deja entrar el ganado para que se coma el pastizal porque no hay con qué pagar la chapia”.
Esa es solo una de las insólitas realidades que viven los docentes en el país y que se recopilan en un documento compartido por el movimiento que lideran la exviceministra de Educación Karla Salguero Moya, y las académicas Eleonora Badilla Saxe, Silvia Chacón Ramírez y Yalile Chan Jiménez.
Ellas fueron las promotoras de una carta pública que contó con el apoyo de 173 personas más, todas del campo de la docencia, quienes firmaron un escrito que reconoce la labor de los educadores en medio de la crisis educativa, donde hay un “liderazgo impositivo” y sin claridad en la ruta a seguir.
Exviceministra señala ‘liderazgo impositivo y sin ruta clara’ en MEP
Tras la circulación del documento, recibieron nuevos apoyos así como testimonios de maestros y profesores, quienes desde el anonimato narran las necesidades que viven en las escuelas y colegios donde trabajan. Según sus relatos, se las tienen que ingeniar para solventar todo tipo de necesidades: desde cortar el zacate de los terrenos del centro educativo, hasta mandar a reparar una impresora, que al final lo hacen de su bolsillo.
En la carta, las autoras enfatizan que comparten las experiencias de los educadores porque ellos no pueden hacerlo públicamente. Además, señalan que los docentes que alzaron la voz provienen de escuelas y colegios públicos de zonas rurales y vulnerables.
“Un profesor de Informática nos escribió para contarnos que llevó la impresora de su escuela a reparar, pues tenía mucho tiempo de no funcionar. Cuando presentó la factura en la Dirección de escuela, se encontró con que la institución no podía reembolsarle el costo por falta de presupuesto. El profesor terminó pagando la factura de su propio salario, con el que se mantienen él y su familia. Es todo un núcleo familiar que se ve afectado por las carencias en las instituciones educativas”, expuso.
A esta situación, se une un caso ocurrido en una escuela del cantón de Turrubares, en San José, donde hacen rifas de kilos de salchichón para poder comprar sillas.
“En otra (escuela) las rifas son para arreglar las baterías sanitarias”, añaden.
En provincias como Puntarenas y Limón, cuentan, es usual que se realicen bingos para cubrir el mantenimiento escolar o para poder arreglar el aire acondicionado ante un calor insoportable.
“En otras instituciones no hay sillas, algunas familias pueden pagar las de sus hijas o hijos, pero… ¿y los demás niños?”, reclama el documento.
Los docentes alzan la voz en un contexto en el que el presupuesto para el MEP en el 2025 sería inicialmente de ¢19.000 millones menos que en 2024. Sin embargo, el impacto podría ser mayor, pues el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, solicitó recortar ¢12.157 millones más para restituir recursos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
La disminución se daría aun cuando el Ministerio de Educación inició este año con el presupuesto más bajo en relación con el producto interno bruto (PIB) de los últimos 10 años, según analizó la Contraloría General de la República (CGR).
La situación que viven docentes y alumnos en temas de infraestructura también se evidencia en las órdenes sanitarias que cientos de escuelas y colegios tienen y que en los casos más severos tardan años en ser resueltas por el MEP. Al 11 de agosto, de las 881 escuelas y colegios que tienen una, 101 están con orden de cierre o roja. De esos casos graves, hay 20 que ni siquiera tienen proyecto asociado.
Las promotoras de la carta pública afirman que continúan recibiendo testimonios lamentables sobre la situación en las instituciones de educación pública, así como mensajes con acciones solidarias de docentes y familias para paliar algunas.
“También nos siguen llegando firmas de personas que quieren apoyar. Si usted es una de esas, vaya a https://chng.it/C6rzb7zCBs y envíe su mensaje de apoyo y cuéntenos sus testimonios al correo apoyoeducacioncr@gmail.com . Juntos encontraremos soluciones”, finalizaron.
