En estos últimos días, importantes grupos de empresarios tanto en México como en Estados Unidos elevaron la voz para mostrar su preocupación por la deriva autoritaria en la que parece estar incurriendo el régimen. En nuestro vecino del norte, una serie de empresarios de diversas ramas de la industria enviaron una misiva al secretario de Estado, Antony Blinken, en la que externaron su preocupación por la posible aprobación que intenta el régimen gobernante, de la reforma judicial y de la que busca liquidar a organismos autónomos. Más importante aún, los empresarios estadounidenses ponen en cuestión la viabilidad de la continuación del T-MEC más allá del 2026, año en que se renegociará, si el gobierno mexicano continúa con sus planes. No ayuda a la conciliación el hecho de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, haya dicho que no es correcto que los empresarios estadounidenses hayan expresado su descontento ante los planes autoritarios del grupo en el poder.
Lamentablemente, parece existir poca vocación de interlocución con nuestro vecino del norte por parte de la nueva administración que tomará las riendas a partir de octubre. Esto no augura nada bueno. Una confrontación con Estados Unidos en la coyuntura geopolítica actual sería un error que afectaría al buen curso de México.
Por otro lado, en nuestro país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) publicaron sendos comunicados en los que piden al INE y al TEPJF que se atengan a una interpretación democrática de la Constitución en lo que se refiere a la representación política en la Cámara de Diputados. Los grupos de empresarios consideran que la sobrerrepresentación de los partidos que conforman la coalición gobernante por arriba del 8 por ciento o el hecho de que cuenten con más de 300 diputados en total violaría el artículo 54 de la Constitución.
Manifestaron también que la representación proporcional es el mecanismo por excelencia para hacer efectivo el pluralismo político, piedra angular de cualquier régimen verdaderamente democrático.
La petición de los grupos empresariales es indudablemente razonable, pues el espíritu de la Constitución es que el poder político represente el verdadero sentir popular.
A pesar de esto, la reacción del presidente de la República no ha sido la más conciliatoria. En efecto, en un pronunciamiento reciente, el jefe del Ejecutivo decidió fustigar a los empresarios en lugar de abrir vías de diálogo. Lo preocupante también fue que la presidenta electa secundó la voz presidencial.
Todo esto a pesar de que, en general, la mayor parte de los organismos empresariales del país han manifestado, durante el sexenio que está por terminar, una vocación de apertura y diálogo con los planes y proyectos del actual gobierno.
El grupo hoy en el poder parece estar leyendo mal dos asuntos de singular relevancia: el resultado electoral del 2 de junio y la reacción de empresarios y sociedad civil en México y Estados Unidos. Sería bueno para todos que quienes nos gobiernan reflexionaran más sobre estos dos asuntos.
