Este jueves sesiona el pleno del Congreso y la agenda contempla dos dictámenes que van en desmedro del sistema de justicia en el Perú. Por un lado, los legisladores pretenden quitarle a la Fiscalía funciones de investigación para trasladarlas a la Policía, afectando el principio de independencia. Y, en segundo lugar, se aprestan a aprobar una ley para sancionar penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves. Ambas propuestas han generado el rechazo de los entes especializados.
La sesión inicia a las diez de la mañana y el Congreso ya cuenta con los dos dictámenes impulsados por el partido del prófugo Vladimir Cerrón, Perú Libre, desde la Comisión de Justicia. El trámite de ambas contrarreformas no hubiera avanzado sin el apoyo en votos de otras bancadas afines como Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP).
El pasado 10 de junio, la Comisión de Justicia, conducida por Perú Libre, aprobó el dictamen para la modificación de un combo de 32 artículos del Código Procesal Penal.
El principal cambio es el retorno a un sistema anterior, para que los policías realicen directamente actos de investigación propios de la Fiscalía. “La Policía tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y, en tal sentido, realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan”, se lee en el texto que puede ser aprobado hoy.
Esta modificación ha sido considerada como un retroceso, entre otras razones, por la subordinación de la institución policial ante el gobierno de turno. Una evidencia actual se expresa en las acciones de hostigamiento del Ejecutivo contra el coronel PNP Harvey Colchado, por no haberse sometido al régimen de Dina Boluarte.
El Ministerio de Justicia ha calificado esta posible reforma como “inadmisible desde el punto de vista constitucional”. El Ministerio Público también señaló que la propuesta colisiona con el orden constitucional y los valores democráticos.
El Poder Judicial también ha advertido que el intento de restituir el rol de la investigación a la Policía “va en contra del modelo constitucional vigente”.
A pesar de estas observaciones, el Congreso hizo oídos sordos y aprobó el dictamen con votos de legisladores como Américo Gonza (Perú Libre), María Acuña (APP) o las fujimoristas Patricia Juárez y Martha Moyano, además de María del Carmen Alva.
El dictamen surgió gracias a proyectos de ley presentados por el cerronista Américo Gonza y la fujimorista Patricia Juárez, además de Alfredo Azurín y otros miembros del Parlamento.
La misma Comisión de Justicia a cargo del cerronismo aprobó otro dictamen para castigar penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años, del mismo modo en que se hace con los adultos, en los casos de delitos graves.
Este dictamen también tuvo el voto a favor de las bancadas aliadas Perú Libre (Américo Gonza y Flavio Cruz); Fuerza Popular (Patricia Juárez) y APP (María Acuña), entre otros.
El Colegio de Abogados de Lima protestó contra el dictamen, debido a que “contraviene la Constitución y los tratados internacionales que el Perú mantiene en defensa de los derechos de los niños y adolescentes”.
La institución recuerda que los adolescentes que incurran en actos reñidos con la ley deben recibir “un trato conforme a las normas de justicia adecuadas a su edad”.
En entrevista concedida a La República, la coordinadora del Programa Nacional Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, Rita Figueroa Vásquez, consideró esta reforma como “lo más irracional”. Por ello, no descartó el trámite de una demanda de inconstitucionalidad, si el dictamen es ratificado hoy en el pleno.
