La Policía Nacional detuvo en Madrid y Valencia, el pasado mes de enero, a varias personas por venta ilegal de material de defensa a Libia. Fueron arrestados después de que se detectara que estaban vendiendo drones con cámaras térmicas a la milicia salafista RADA-SDF, un grupo paramilitar que en su día llegó a controlar varios ministerios (Interior y Defensa) del Gobierno de Acuerdo Nacional.
Confidencial Digital ha podido saber que este episodio no es la única implicación de españoles en el conflicto de Libia, un país que vive una guerra civil, a veces abierta, otras más soterrada, desde el fin de la dictadura de Muamar el Gadafi en 2011.
Fuentes consultadas por ECD confirman que, desde hace ya años, cierto número de militares españoles retirados o en excedencia trabajan para milicias libias. Por ello, cada cierto tiempo pasan temporadas en Libia, trabajando con estos grupos armados que les contratan como instructores y asesores.
Tras la revuelta contra Gadafi y el derrocamiento de su régimen en 2011, el Consejo Nacional de Transición tomó las riendas del país. Pero en 2014 estalló una nueva guerra, en este caso entre facciones dentro de las instituciones que se crearon tras la caída de Gadafi.
Después de años de conflicto civil, en 2021 se trató de formar un gobierno de unidad nacional en Libia, con la participación de varias facciones que controlaban distintos territorios del país: principalmente, el Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido por la ONU y también por España, y el gobierno de Tobruk y la cámara de representantes, que dominaban el este del país, con el Ejército Nacional Libio del general Jalifa Haftar.
Ese acuerdo no terminó de pacificar el país, que sigue dividido entre varias autoridades y milicias. Pero por entonces se confiaba en que se fueran cerrando esas divisiones.
Distintas fuentes militares confirman que, en torno a esa fecha, 2021 o un poco antes, los servicios de inteligencia y el Ministerio de Defensa recibieron información de que empresas de seguridad, con personal español, estaban colaborando con algunas de las facciones armadas que existían en Libia, en ese contexto de fragmentación territorial del poder y guerra civil.
Esa colaboración consistiría en prestar adiestramiento y asistencia militar a esas milicias.
Personas conocedoras de este asunto coinciden en señalar que hace años comenzaron a trabajar en Libia militares en excedencia o retirados, en buena parte procedentes del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra (con base en Alicante), y de unidades de Infantería de Marina, de la Armada: de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), unidad de operaciones especiales con base en Cartagena, y de otras unidades de Infantería de Marina concentradas en San Fernando (Cádiz).
Algunas fuentes apuntan que ese aviso lo dio hace años el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que suele tener, entre los focos principales de interés en el extranjero, la zona del norte de África, además del Magreb.
Cabe señalar que el miembro del CNI que está en la cárcel desde septiembre de 2023 bajo la acusación de filtrar información clasificada a la inteligencia de Estados Unidos era un muy buen conocedor de Libia, y llegó a participar como experto en un informe de la ONU sobre la situación de ese país tras la caída de Gadafi.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la alarma del CNI se encendió cuando al servicio de inteligencia llegó la información de que había en Libia militares españoles adiestrando a milicias.
Los servicios de inteligencia consiguieron averiguar las identidades de algunos de estos españoles que estaban trabajando con facciones armadas de la guerra civil de Libia.
El Ejército de Tierra, la Armada y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) revisaron las identidades de esos españoles en Libia.
Comprobaron que ninguno se encontraba en activo. Algunos estaban en situación de excedencia voluntaria por interés particular, una de las posibilidades que contempla el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, y que les permite dedicarse a actividades privadas, con opción a volver al servicio activo.
Otros ya habían abandonado definitivamente las Fuerzas Armadas: se habían retirado voluntariamente. Los militares que se encuentran en algunas de estas dos situaciones no están vinculados a las Fuerzas Armadas.
Esto tranquilizó en buena medida en el Ministerio de Defensa y en los servicios de inteligencia. Hubiera sido más preocupante que los españoles implicados fueran militares en activo, porque eso si podía comprometer a España en el conflicto civil que sufre Libia.
En todo caso, fuentes de los servicios de inteligencia apuntan que por entonces se trasladó a algunos de los protagonistas un aviso discreto, pero claro: tenían que dejar de trabajar para esas milicias libias.
Pero el problema no acabó entonces. Aún hoy, según revelan fuentes militares, operan en Libia militares españoles en excedencia y retirados, al amparo de alguna de estas empresas.
Estas fuentes aseguran que se ha llegado a dar el caso de algún equipo operativo completo de unidades de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas españolas, que pueden rondar entre los 8 y los 12 militares, cuyos miembros pidieron la baja o la excedencia a la vez, y comenzaron a trabajar en estas empresas que prestan adiestramiento a milicianos libios.
El asunto se embrolló más cuando se detectó que circulaban fotos de estos ex militares españoles utilizando uniformes oficiales de las Fuerzas Armadas: algunas fuentes apuntan que serían del Ejército de Tierra. Eso provocó una nueva alerta, más reciente, que llegó al Ministerio de Defensa.
Porque, una vez más, el uso de uniformes oficiales de las Fuerzas Armadas comprometía aún más a España, si esa información circulaba y llegaba a algún actor con intención de explotarla y acusar a nuestro país de estar participando de forma subrepticia en la guerra civil de Libia, apoyando a algunas de las facciones.
Confidencial Digital tuvo acceso a los primeros datos sobre este asunto hace meses, y en este tiempo ha tratado de recopilar más información sobre ello.
ECD contactó con el Ejército de Tierra y el Centro Nacional de Inteligencia, con varias preguntas sobre la información que manejaban sobre la presencia de militares españoles, en excedencia o retirados, trabajando en Libia con facciones armadas.
Desde el Ejército de Tierra señalaron, de manera oficial, que no respondían a consultas sobre personal en excedencia, porque en esa situación no dependen del Ejército como tal.
El CNI, consultado por este mismo asunto, contestó como es habitual cuando se les pregunta por informaciones que manejan: que no podía dar ninguna información, ni confirmar ni desmentir lo consultado por ECD.
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia establece en el artículo 5.1 que “las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto”, que es el más alto según la normativa española sobre protección de la información clasificada.
Cabe apuntar que las informaciones sobre estos ex militares españoles en Libia que circulan entre fuentes de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia y de empresas privadas de seguridad son en ocasiones confusas, fragmentarias e incluso contradictorias.
Por ejemplo, algunas fuentes conocedoras del fenómeno apuntan que los ex militares españoles están contratados a través de una o varias empresas estadounidenses.
Pero otros conocedores del asunto señalan que también están implicadas compañías de seguridad privada españolas, creadas por personal que abandona las Fuerzas Armadas y ficha a otros militares en excedencia o retirados.
No descartan que compañías más grandes, estadounidenses o de otros países, contraten personal español a través de esas otras empresas españolas, que dirigen militares retirados o en situación de excedencia voluntaria.
Algunos conocedores del mundo de los “contratistas” de seguridad señalan que las empresas españolas de seguridad privada que prestan servicio de adiestramiento militar, incluso a milicias armadas y no instituciones estatales, son pocas y apenas cuentan en el panorama internacional de este sector.
Sugieren que muchas de estas empresas “venden humo”, pero apenas logran contratos en zonas de conflicto. En estos escenarios, prestan servicios de seguridad, en unos casos, y en otros de apoyo o adiestramiento a fuerzas militares, sobre todo compañías de seguridad privada de Estados Unidos y Reino Unido.
Citan a Constellis, un holding con sede en Estados Unidos que integran lo que antaño fue Blackwater: la empresa de “mercenarios” más conocida por la guerra de Irak, donde colaboró con las tropas de Estados Unidos.
También tiene fama Control Risk, en este caso de Reino Unido. Esta compañía, que como otras del sector se define como “consultoría especializada en riesgos”, revela en su web que tiene una oficina de representación en Trípoli, capital de Libia.
Personas conocedoras del mundo de las compañías privadas de seguridad aseguran que estas empresas se nutren, en su inmensa mayoría, de ex militares.
Pero añaden que hay pocas empresas españolas operando fuera, porque la mayoría de militares españoles, por muy buena formación militar que tengan, se enfrentan a un obstáculo: “Nadie sabe inglés, y por eso hay muy pocas empresas españolas fuera”.
Sea con unas u otras empresas, los ex militares españoles que están trabajando en Libia causan especial incomodidad porque, al menos en los casos de los que ha tenido conocimiento ECD, prestan servicio para facciones armadas que luchan contra Gobierno de Acuerdo Nacional, el que reconoce la ONU y también el Gobierno de España.
Justo hace apenas unos días el parlamento de Trípoli dio por terminado el mandato de ese gobierno, por lo que se ha disparado la incertidumbre sobre el futuro de Libia.
Distintas fuentes consultadas por ECD señalan que esos militares españoles en excedencia o retirados prestan sus servicios de asesoramiento y adiestramiento a las fuerzas de Jalifa El Haftar.
Se trata de un general libio, que en 2014 ordenó la disolución del Congreso General de Trípoli, dominado por los Hermanos Musulmanes.
Haftar domina una amplia zona del este de Libia, con un gobierno paralelo al de Trípoli pero establecido en Bengasi.
En los últimos años se ha publicado noticias sobre el supuesto apoyo que le estaría prestando el Grupo Wagner, la empresa rusa de mercenarios que participó en la invasión de Ucrania y que acabó rebelándose contra el gobierno de Vladímir Putin.
Wagner tiene presencia en varios países de África, donde presta asistencia y apoyo a fuerzas armadas, en muchos casos en países donde gobiernan juntas militares que han dado golpes de estado en los últimos años, como Mali, República Centroafricana, Burkina Faso y Sudán.
En toda esta historia hay un personaje con un papel destacado. Según explican fuentes conocedoras de lo que sucede en Libia, en la contratación de militares españoles en excedencia o retirados, por parte de algunas milicias, tuvo un papel clave un ex miembro de los servicios de inteligencia.
Se trata de un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas, que estuvo destinado en el Centro Nacional de Inteligencia, y que hace años pasó a trabajar en la empresa privada. Recaló en Repsol, una empresa con intereses en Libia, ya que explota algunos pozos petrolíferos.
Repsol opera en Libia desde hace décadas. La revuelta contra Muamar el Gadafi, en 2011, y la guerra civil que estalló a continuación obligaron a evacuar en varios momentos al personal de Repsol que trabajaba en Libia, con posteriores regresos y nuevas evacuaciones. También tuvo que cerrar temporalmente algunos pozos.
Una vez pasados los momentos de mayor peligro, la empresa española ha seguido extrayendo hidrocarburos del subsuelo de Libia, que cuenta con una de las mayores reservas de petróleo y gas natural del mundo.
Pues bien: según le cuentan a ECD fuentes conocedoras de estos movimientos, ese ex del CNI que ahora trabaja para Repsol fue y es aún clave en la contratación de ex militares españoles por parte de milicias de Libia.
Esta persona hizo y hace aún de intermediario, en el sentido de que pone en contacto a algunos de estos grupos con las empresas de seguridad privada para las que trabajan estos militares en excedencia o retirados.
Hay que tener en cuenta que el mapa fragmentado y volátil de Libia afecta a las plantas de Repsol.
En enero de este año, Repsol informó de que había reanudado su actividad en las instalaciones petrolíferas de El Sharara, al sur de Libia, “tras el éxito de las conversaciones mantenidas con comunidades locales”. Habían estado paralizadas por protestas sociales.
En el yacimiento se habían estacionado fuerzas del autodenominado Ejército Nacional Libio, que dirige Jalifa El Haftar. “Estas tropas han sido fundamentales para la estabilización de las condiciones sobre el terreno en los yacimientos productores de Libia y la vuelta a la normalidad”, destacó Repsol.
Pero esa situación ha dado un giro este mismo mes de agosto. Las autoridades del este de Libia, la zona controlada por Haftar, cerraron el campo petrolífero de El Sharara, que explota Akakus, una empresa conjunta de la Corporación Nacional Libia de Petróleo en asociación con Repsol, TotalEnergies, OMV y Equinor.
El cierre llegó después de que a Saddam El Haftar, hijo del general Jalifa El Haftar, le fuera notificado en un aeropuerto italiano, por la policía de ese país, que la Guardia Civil le investiga en España por un presunto blanqueo de capitales. Un representante de Saddam El Haftar ha lanzado un comunicado para dejar claro que no fue arrestado y que no tiene ninguna causa judicial abierta.
Es una muestra más de la situación tan fluctuante que existe en Libia, y cómo Repsol y otras empresas extranjeras se ven obligadas a mantener interlocución con distintas instituciones y grupos para poder mantener su actividad en ese país, lo cual incluye al Ejército Nacional Libia.
De estudiar y adoptar soluciones sobre estas cuestiones en países especialmente complicados e inestables se ocupan los departamentos de seguridad de las grandes compañías con intereses en el extranjero.
Confidencial Digital se ha puesto en contacto con Repsol, para tratar de recabar la versión de la empresa sobre los vínculos que se apuntan entre uno de sus responsables de seguridad con los ex militares españoles que asesoran a milicias en Libia.
Por ello, remitió una serie de preguntas al Departamento de Comunicación de Repsol. Pasadas dos semanas, al cierre de esta edición no se ha tenido ninguna respuesta ni reacción de Repsol.
Como otras grandes empresas españolas, Repsol ha fichado en ocasiones a altos mandos de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y del CNI.
Algunos de estos oficiales pasan a dirigir departamentos de seguridad de estas grandes empresas.
Antiguos mandos como este ex del CNI se encargan en ocasiones de la seguridad de las instalaciones y negocios de estas grandes empresas en países afectados por conflictos bélicos o graves problemas internos de seguridad.
En 1992 Repsol incorporó como consultor externo en temas de seguridad a Juan Alberto Perote, quien había sido jefe de la Agrupación Operativa de Medios Especiales (AOME) del entonces Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESID) y que fue condenado por sustraer información clasificada y difundirla tras ser apartado del CESID, si bien posteriormente la sentencia fue anulada.
Más recientemente, en 2007, Repsol eligió como secretario general del nuevo Consejo Estratégico Internacional, un órgano consultivo del presidente, a Jorge Dezcallar, diplomático que dirigió el servicio de inteligencia con el Gobierno de José María Aznar y su transformación de CESID en CNI.
En ámbitos de inteligencia, se da por hecho que los miembros del CNI “nunca dejan el servicio del todo”, sino que siguen manteniendo hilo directo con el servicio. Esto se apunta especialmente cuando estos ex oficiales de inteligencia dejan el centro y montan sus propias empresas privadas, y cuando son contratados por grandes compañías.
En estos últimos casos, se da por hecho que estos ex del CNI no sólo ofrecen sus conocimientos y experiencia en temas de seguridad a las empresas que los fichan, sino que además se convierten en enlaces, en canales directos de comunicación entre el Centro Nacional de Inteligencia y esas grandes empresas españolas, que tienen presencia en muchos países del mundo y cuya situación y avatares también preocupan al CNI por el impacto que pueden tener en la economía y ciertos sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, banca, industria militar…).
Sobre el trabajo que realizan los militares en excedencia y retirados, con milicias en Libia, cabe apuntar que encajan en parte en las funciones que realizaron durante su etapa en activo.
Los cometidos doctrinales de las unidades de operaciones especiales son tres: acción directa (rescate de rehenes, destrucción de objetivos estratégicos que se encuentran detrás de las líneas enemigas mediante golpes de mano…), reconocimiento especial (observación de objetivos estratégicos detrás de las líneas enemigas y transmisión desde zona de la información obtenida) y asistencia militar.
Esta última función consiste en el entrenamiento y apoyo de unidades o personal afín en territorio extranjero.
Tanto el Mando de Operaciones Especiales como la Fuerza de Guerra Naval Especial llevan años adiestrando a militares de ejércitos extranjeros, en países como Irak, Túnez, Argelia, Senegal, Mauritania, Cabo Verde...
Por eso, los militares de estas unidades tienen experiencia en entrenar a militares de otros ejércitos. Algunos de ellos aprovecharon esa experiencia para dar el salto a la empresa privada, y ganar más dinero entrenando a grupos armados en Libia, lo que lleva años causando sobresaltos a las Fuerzas Armadas y a los servicios de inteligencia.
Hay que señalar que Libia es uno de los países que aparece en la ‘lista negra’ de destinos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La muerte de tres turistas españoles en un ataque terrorista en Afganistán en mayo puso de nuevo de actualidad las recomendaciones de viaje de Asuntos Exteriores, y sobre todo la lista de países a los que se recomienda no viajar.
Israel, Gaza, Ucrania, Mali, Rusia, Egipto, Irak, Siria, Somalia, Yemen... son algunos de los lugares marcados en rojo en el mapa del ministerio.
Entre otros, el departamento de José Manuel Albares también recomienda “encarecidamente” no viajar a Libia “a la vista de los graves problemas de seguridad que se registran en toda la geografía” del país norteafricano que estuvo dirigido por Muamar el Gadafi durante 40 años, hasta que fue derrocado y linchado en 2011.
En las últimas semanas se ha informado de combates entre el Ejército Nacional Libio, de Haftar, y grupos armados procedentes de Chad, que hace frontera con el sur de Libia.
También se han registrado choques al este de Trípoli entre una milicia de Misrata afín al primer ministro de Trípoli, y otro grupo armado rival.
