El asesinato a puñaladas de un niño de 10 años cuando jugaba en un campo deportivo en Mocejón (Toledo) desató una campaña, principalmente en redes sociales, de mensajes, bulos y señalamientos contra los inmigrantes ilegales en España.
Este suceso llegó después de un goteo de apuñalamientos y otros incidentes similares en distintos puntos del país, que ciertos sectores atribuyen a los extranjeros. La campaña llegó después de los disturbios en Reino Unido contra los inmigrantes, sobre todo contra los de países musulmanes, incitados por otro asesinato similar.
Confidencial Digital ha podido consultar un oficio con el que la Dirección General de la Policía dio respuesta, hace sólo unos meses, a una petición para que desglosara a los inmigrantes expulsados “por nacionalidades”.
El solicitante formuló su petición de acceso a la información pública al amparo de la Ley de Transparencia, y a través del Portal de Transparencia.
La respuesta la firmó el 22 de mayo de este año Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía.
Después de analizar la solicitud, resolvió “denegar el acceso a la información solicitada”.
El director general de la Policía explicó que no procedía remitir “datos sobre nacionalidades concretas de las personas internadas, expulsadas o devueltas”.
Lo justificó de la siguiente forma: “La difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados”, es decir, con los países que se viera que son los grandes focos de inmigrantes (se entiende que ilegales) que terminan siendo expulsados o devueltos del territorio español.
Esos potenciales problemas en las relaciones exteriores de España tendrían una consecuencia perjudicial para nuestro país: dificultaría “en el futuro poder documentar por parte de las diferentes embajadas y consulados a ciudadanos extranjeros irregulares”.
Eso último a su vez “afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones”.
En base a todos estos perjuicios que la Dirección General de la Policía apreció si se hacían públicas las nacionalidades de los inmigrantes que son expulsados de España, denegó el acceso a la información solicitada en base al artículo 14. 1. c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ese artículo permite no facilitar una información en poder de las administraciones públicas si se considera que entregarla supone un perjuicio para las relaciones exteriores de España.
Para apuntalar esta decisión de denegar los datos solicitados sobre la nacionalidad de los inmigrantes expulsados de España, el director general de la Policía citó la doctrina del Consejo de Transparencia en varias resoluciones.
Este organismo, que monitoriza la aplicación de la Ley de Transparencia por las administraciones públicas, ya estableció un criterio claro sobre este tipo de información.
“Dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación”, señaló en 2021 el Consejo de Transparencia, el conocimiento de la información “podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los estados de origen”.
La Policía copió esos argumentos, así como que “las dificultades derivadas de su identificación”, de los inmigrantes si los países de origen no colaboran, “podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida”.
En esa ocasión, Transparencia explicó que la labor de vigilancia y control en materia de inmigración y asilo “requiere de la colaboración de los países de origen, tanto para la tramitación de los expedientes de expulsión como para la adopción de medidas que frenen la trata de seres humanos”.
Ante la importancia, clave, de que los países de origen colaboren en los trámites de expulsión y devolución, la administración opta por no facilitar el “señalamiento” que podría suponer hacer públicos los datos de la nacionalidad de los inmigrantes que son expulsados de España.
