El congresista fundador del partido político Podemos Perú y de la universidad Telesup, José Luna Gálvez se sumó al grupo de políticos, bajo investigación fiscal, que solicitan al Poder Judicial y el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación que procedan a archivar su caso, al amparo de la nueva ley de crimen organizado.
Los primeros en solicitar la aplicación de los cambios en la legislación sobre crimen organizado fueron el congresista Waldemar Cerrón Rojas y el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, en el caso "Los Dinámicos del Centro".
José Luna está comprendido en el caso “Los Gángsters de la Política”. El Equipo Especial de fiscales del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” le atribuye liderar una organización criminal destinada, desde el año 2016, a cometer delitos contra la administración pública, con fines políticos y económicos.
En el desarrollo del programa criminal, dice la fiscalía, la organización utilizó la universidad Telesup para realizar pagos a integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para lograr la designación de Adolfo Castillo Meza, como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Luego, coparon la ONPE al designar en puestos de confianza a integrantes y colaboradores de la organización para agilizar y viabilizar la inscripción ilegal del partido político “Podemos por el Progreso del Perú”, hoy “Podemos Perú”.
La investigación se inició el 2020 y comprende a unas 17 personas, entre ellos a: José Luna Gálvez, su hijo José Luna Morales, el operador político José Luis Cavassa Roncalla, el ex jefe de ONPE, Adolfo Castillo Meza, el abogado Óscar Nieves Vela (ex asesor legal de la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor), los ex integrantes del desaparecido CNM: Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe.
Los abogados de Luna Gálvez presentaron su solicitud, vía un recurso denominado de ‘excepción de improcedencia de acción’, ante el juez de investigación preparatoria nacional, Jorge Chávez Tamariz.
En dicho recursos, la defensa del político argumentó que los presuntos actos ilícitos que se le atribuyen no encuadran con la nueva descripción legal del delito de organización criminal, vigente desde el 10 de agosto último, por lo que debe archivarse dicha investigación.
La nueva Ley indica que para hablar de la existencia de una organización criminal se debe establecer la existencia de un grupo con una compleja estructura organizativa, capacidad operativa, vida permanente y estable y con reparto concertado y coordinado de roles destinados a controlar un mercado ilegal para cometer delitos con fines económicos.
Para la defensa del fundador de Perú Podemos esas características no están presentes en los presuntos actos ilícitos descritos por la fiscalía, por lo cual no habría un delito que perseguir, investigar y sancionar.
Al recibir la solicitud de Luna, el juez Chávez Tamariz convocó a una audiencia pública presencial para el jueves, 29 de agosto, a partir de las 9:00 horas, con participación obligatoria del fiscal, procurador y abogados de los investigados, con el objetivo de resolver el pedido de José Luna Gálvez.
Además, otorgó un plazo de 48 horas al fiscal y el procurado para que presenten por escrito su posición jurídica sobre dicho pedido, a fin de que sea puesto a disposición de las partes.
En la audiencia, el fiscal del 4to Despacho del Equipo Especial “Los Cuellos Blancos del Puerto” debe mostrar el expediente del caso y sustentar oralmente su posición sobre la Ley 32108. Lo mismo hará el procurador, el fiscal y los abogados. Luego, el juez decide.
Una semana antes, el viernes 23 de agosto, el juez Chávez Tamariz realizará una audiencia pública presencial para evaluar y resolver un pedido similar de ‘excepción de improcedencia de acción’, presentados por los hermanos, el congresista Waldemar Cerrón y el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas.
La nueva descripción de crimen organizado, vigente desde el 10 de agosto, podría afectar el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte y del abogado Mateo Castañeda, prevista para iniciar este 21 de agosto.
El juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho recibió dicha solicitud y programó esta audiencia antes de la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 32108 que establece una nueva definición de crimen organizado.
El Equipo Especial contra la corrupción en el Poder (Eficcop) atribuye a Nicanor Boluarte encabezar una organización criminal que se formó el 7 de diciembre del 2023, con la llegada a la presidencia de Dina Boluarte.
Según la fiscalía, el programa criminal de esta organización era copar las prefecturas de San Martín, Cajamarca y otras regiones para solventar la creación del partido político Ciudadanos por el Perú, es decir buscaba un beneficio político.
Pero, dicha descripción no calza con la nueva descripción legal de crimen organizado, que plantea la existencia de un grupo permanente, que cope un mercado ilícito con fines económicos.
