Con la reforma judicial que propone el gobierno, a México le va a ir mal. Pero, no va a ser una catástrofe de un día para otro. Será un lento proceso de atrición, en donde asintóticamente nuestro ingreso se reducirá año con año. En cinco o seis décadas, nuestros descendientes se preguntarán qué pasó, buscando comida en un basurero.
Los teóricos neoclásicos del crecimiento, desde Robert Solow hasta Romer, Barro y Sala-i-Martin, describieron lo que ocurre con las economías modernas avanzadas, y con muchas economías del mundo en desarrollo: la inversión productiva, la reducción en las tasas de natalidad, el desarrollo de tecnología, y la educación orientada a la productividad, llevan hacia una ruta inexorable de crecimiento estable de largo plazo.
Los economistas mencionados son algunos de los mal llamados “neoliberales”. El neoliberalismo lo describe muy bien en un documento de 2002 el economista Dani Rodrik. (“After Neoliberalism, what?” NBER). El término se refiere al Consenso de Washington, originado entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que sugería que los países necesitaban una lista de 10 cosas para crecer: 1. Disciplina fiscal; 2. Reorientación del gasto público; 3. Reforma fiscal; 4. Liberalización financiera; 5. Tipos de cambio unificados y competitivos; 6. Liberalización comercial; 7. Apertura a la inversión extranjera; 8. Privatización; 9. Desregulación; 10. Defensa de los derechos de propiedad privada.
Este era el original. Nunca le gustó a algunos políticos, porque muchos gobiernos estaban cómodos administrando empresas, o manteniendo las economías cerradas a la competencia externa, o poniendo regulaciones absurdas para facilitar la corrupción, o apoderándose de propiedad privada. La posibilidad de meter la mano en el bolsillo ciudadano les permitía tener finanzas públicas con restricciones presupuestales laxas, mantener controles en tipos de cambio y en el sector financiero para ejercer terrorismo fiscal contra enemigos políticos.
Esa era la lógica del ancien regime del priísmo original mexicano, que el presidente López Obrador ha restaurado, en una versión tribal y lumpenizada, como explicó ayer Macario Schettino.
El neoliberalismo tuvo una mutación, nos explica Rodrik (2002). El Consenso de Washington ampliado abogaba por 11. Mejorar la gobernanza de las empresas; 12. Anticorrupción; 13. Mercados laborales flexibles; 14. Comercio multilateral, no solamente regional; 15. Códigos y estándares de operación de los sectores financieros; 16. Apertura prudente de cuentas de capital al exterior; 17. Desaparición de regímenes de tipo de cambio fijo; 18. Banca central independiente enfocada en reducir la inflación; 19. Redes de protección social; 20. Reducción de la pobreza de manera focalizada.
Díganme neoliberal. Yo no le veo ningún problema a las 20 políticas descritas por Rodrik. Sí, puede ser que en ciertas privatizaciones se nos pasó la mano. Sí, ojalá hubiéramos hecho más énfasis en anticorrupción y competencia económica. Sí, ojalá ahí también estuviera la educación orientada al trabajo, al progreso, al pensamiento independiente, y a la existencia libre de ignorancia del ser humano.
Dicho todo lo anterior, en México podemos ponerle palomita a algunas de las cajas del neoliberalismo fase 1, y a algunas de la fase 2, pero no a la mayoría. Sí, el sistema de seguridad y justicia nunca fue útil, pero funciona mejor del lado de jueces que de los ministerios públicos y policías (Poder Ejecutivo). Protegimos ciertos tipos de propiedad privada (residencial, por ejemplo), pero no los derechos de propiedad empresariales. La gobernanza de las empresas nos dio igual, y dejamos correr el capitalismo de cuates.
La reforma al Poder Judicial que proponen el presidente López Obrador y la presidenta electa Sheinbaum nos pone, en términos de derechos de propiedad, en similitud con Cuba, Corea del Norte, Irán, Venezuela, Rusia, Arabia Saudita y Turquía.
Hay amplia literatura económica que sugiere que la independencia del Poder Judicial es muy importante para el desarrollo económico. Douglass North (1990); Acemoglu y Robinson (2012); Feldman y Voigt (2003); Feldman, Gutman y Voigt (2015). Sin Poder Judicial independiente no hay defensa efectiva de los derechos de propiedad. La inversión extranjera ya no será problema, porque será cero. Los ciudadanos tampoco invertiremos, o trabajaremos, o nos esforzaremos, porque todo nos lo podrán quitar.
