El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, promueve actualmente una licitación para contratar un «diagnóstico y depuración jurídico-patrimonial de viviendas municipales» ; que abarque «la investigación, la comprobación, identificación, revisión, actualización y ordenación de 82 viviendas municipales» que estarían afectadas por «irregularidades» como «subrogaciones no autorizadas» u ocupaciones ilegales, entre otros aspectos. En el pliego técnico que regula este concurso público, recogido por Europa Press, se detalla que el Ayuntamiento de Sevilla «es titular en la actualidad de un parque público de viviendas en régimen de alquiler o similar, compuesto por un total de 867 viviendas, de naturaleza patrimonial, repartidas por todo el término municipal, las cuales son gestionadas por el Servicio de Patrimonio«. «Muchos de los contratos que habilitaron el uso residencial de dichas viviendas datan de fechas que rondan 30 o 40 años hasta llegar a la actual. De esta circunstancia se derivan diversas implicaciones que complican, o al menos dificultan, una adecuada gestión de las viviendas; actividades como subrogaciones no autorizadas, ocupaciones de viviendas sin título que lo habilite, etcétera», expone el documento. El pliego expone así que «las mencionadas irregularidades dificultan notablemente adecuar y gestionar estas viviendas para alquileres de carácter social u otros servicios y dotaciones públicas«; con lo que está contratación está destinada al »establecimiento de las condiciones técnicas mínimas que regirán la contratación de los servicios y trabajos precisos para llevar a cabo la investigación, la comprobación, identificación, revisión, actualización y ordenación de 82 viviendas municipales« concretas, localizadas en calles como las de Regla Sanz, María Ortiz, Clara Jesús Montero, Manuel Arellano, Ardilla, Bernardo de Toro, Hermanas de la Cruz o madre San Marcelo. Tal extremo, según el documento, «permitirá analizar la situación concreta en la que se encuentran las viviendas municipales desde el punto de vista jurídico-patrimonial» y « permitirá diseñar una estrategia que se plasmará en un documento (diagnóstico) el cual marcará la hoja de ruta«, de cara a una serie de objetivos. Tales objetivos son, al detalle, el «conocimiento de la identidad de las viviendas y localización exacta de las mismas« , la recopilación de datos de las viviendas municipales obrantes en el Catastro y el Registro de la Propiedad; «acreditar, en su caso, la titularidad municipal de las viviendas»; recabar el conocimiento preciso de la situación jurídica y posesoria de la viviendas, «lo que permitirá la verificación de las viviendas ocupadas, a fin de que, en su caso, se incluyan dichas circunstancias en la documentación que posteriormente se remitirá a los servicios municipales»; y finalmente acometer «una valoración de las viviendas» en cuestión.
