Como “injusta” calificó la diputada (RN) Camila Flores la condena contra el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, declarado culpable por el disparo de la bomba lacrimógena que impactó en el rostro de la senadora (IND) Fabiola Campillai en el marco del estallido social en 2019.
Maturana actualmente cumple una pena de 12 años y 183 días de presidio por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el centro penitenciario de Molina, Región del Maule, lugar hasta donde llegó este lunes la parlamentaria de oposición para brindarle su apoyo y cuestionar la sentencia del caso.
Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, Marta Valdés, dijo que no le asombraba que “la diputada Flores haga este tipo de victimización de quienes vulneraron los derechos humanos“. “Creo que hay una cultura en la derecha de tapar y proteger a los violadores de derechos humanos, lo vienen haciendo hace más de 50 años”, aseveró.
“No me sorprende que parlamentarios de Renovación Nacional sigan haciendo negación de las vulneraciones a los derechos humanos en este país, las que además fueron sistemáticas”, agregó
Así, para la vocera de la organización estas y otras muestras de apoyo “son violentas, se burlan de las víctimas y relativiza lo que ocurrió en Chile para el estallido social”.
“Constantemente la derecha revictimiza a nuestros compañeros y compañeras. Los argumentos que dio la diputada Flores, la verdad, es que no tienen sustento ni pruebas. Por tanto, hablan de la inocencia del excarabinero -Maturana- como si el perjuicio que causó no estuviera relacionado con la condena que recibió. Y si nos preguntan a nosotros como coordinadora, 12 años no es nada para el daño de por vida que le provocó a Fabiola”, enfatizó.
Además, Marta Valdés explicó que tanto el negacionismo de la derecha como la falta de justicia en la mayoría de los casos de vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el estallido social, le han generado graves afectaciones a las víctimas, quienes esperan verdad, justicia y reparación.
“Creemos que el daño psicológico que se les provoca a nuestros compañeros y compañeras no se considera. Seguimos siendo violentados por el negacionismo en este país y eso es brutal. Efectivamente, en el caso de Fabiola Campillai se pudo tener justicia, pero tenemos una enormidad de casos esperando, que queremos y deseamos que también la tengan”, añadió.
Respecto del rol del Ejecutivo, la vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular relató que al principio de esta administración se entrevistaron con las víctimas y con las organizaciones, “nos prometieron verdad, justicia, reparación, y hacer, dentro de sus posibilidades, lo máximo”.
“Sin embargo, ha sido un Gobierno que le ha faltado fuerza y claridad en el tema de los derechos humanos”, sostuvo.
En esa línea, Valdés fue crítica de la postura del Ejecutivo acerca de la postergación de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yañez, quien es investigado por omisiones en los delitos ocurridos en octubre 2019.
“El Gobierno nos prometió que iban hacer cambios y transformaciones, pero fueron los primeros que salieron en defensa del director general de Carabineros. Lo que nos parece inaceptable porque hay varias pruebas de que durante su mandato hubo violaciones a los derechos humanos, las que fueron sistemáticas, y no lo decimos nosotros solamente, también lo dicen las instituciones internacionales”, recalcó.
Por ello, la integrante de la organización hizo hincapié en que: “Las víctimas y los familiares sentimos que el Gobierno está muy al debe de lo que prometió que se iba a cumplir y creemos que, lamentablemente, todavía falta mucho por avanzar (…) La impunidad, las visitas de los diputados a carabineros condenados es una burla, es seguir jugando con la salud mental de nuestros compañeros y compañeras”.
Cabe mencionar que, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fueron alrededor de 460 casos de víctimas de trauma ocular los que fueron registrados en nuestro país en contexto del estallido social.
Además, de acuerdo a datos de Amnistía Internacional, en octubre de 2023 sólo el 0,2% de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de las 10 mil 568 denuncias presentadas, lograron condenas judiciales en sus casos.
