El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó, en cuestión de tres meses, las intervenciones de Coopeservidores y Desyfin, dos entidades fiscalizadas pero con un volumen y una vocación de negocio muy diferentes entre sí.
Bernardo Alfaro, exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y exgerente del Banco Nacional, comentó a La Nación que la primera diferencia entre ambas es quiénes son sus dueños.
En Coopeservidores, al ser una cooperativa de ahorro y crédito, contaba con 131.500 asociados que efectuaban aportes de capital, recursos que se usaron para cubrir las pérdidas generadas por los créditos malos.
En contraste, Desyfin es una empresa cuyos principales dueños son la familia Lacayo, con una participación del Fondo Noruego de Inversiones para Países en Vías de Desarrollo (Norfund), una compañía de capital privado propiedad del Gobierno de Noruega, según los estados financieros de la institución.
“La primera gran diferencia que incide en el proceso es la naturaleza del capital. En las cooperativas los dueños son los asociados y es una gran cantidad de personas (...) Desyfin es una sociedad con pocos tenedores de sus acciones comunes. En el caso de Desyfin debería ser un poco más sencilla la interacción con los accionistas”, comentó Alfaro, en referencia a la posible inyección de capital a la financiera.
La financiera contaba, a junio pasado, con un patrimonio de ¢11.701 millones, pero este disminuyó a ¢1.339 millones porque la mayoría del dinero se usó para la generación de una estimación crediticia por el deterioro de 21 deudores de la entidad.
Otro contraste durante el análisis de la intervención de Desyfin, agregó el exjerarca, es la revisión de las operaciones de crédito, pues en esta entidad están muy dirigidas a pequeñas y medianas empresas, mientras que la cooperativa estaba muy centrada en operaciones de consumo.
“En Desyfin se habló de una pérdida importante del patrimonio porque había una revaloración de la cartera porque había operaciones que no estaban ubicadas correctamente en su categoría de riesgo. Esto significa que los administradores tienden a ver la cartera de una manera más bondadosa y esperan que se recupere el deudor”, comentó el exsuperintendente.
Alfaro agregó que los posibles caminos para la actual situación de Desyfin serían los mismos que para Coopeservidores, dado que se usa la misma legislación para determinar la viabilidad o no de la entidad, o su posible resolución al final del proceso de intervención.
“Primero se debe determinar si la presentación de un plan de regularización podría, eventualmente, permitir que se entregue la entidad a los accionistas para que la sigan operando. En Coopeservidores la respuesta fue negativa”, subrayó el exsuperintendente.
Alfaro añadió que una de las acciones a evaluar será a nivel de gobernanza y de reputación. “Se debe analizar si existe la posibilidad de que estas personas (alta gerencia y Junta Directiva) vuelvan a restablecer la confianza en esta entidad y logren ponerla a operar de nuevo, superando los señalamientos hechos”, dijo.
El exjerarca recalcó que le corresponderá a Marianne Kött, nombrada como interventora, decidir si hay posibilidad de recapitalizar a Desyfin o recomendar su resolución, con los posibles caminos a seguir; es decir, la posible negociación de activos y pasivos de buena calidad hacia otra entidad financiera o el envío del caso a la vía concursal.
El Conassif brindó a Kött un periodo de 30 días naturales, iniciados el pasado 13 de agosto, para brindar una recomendación sobre el futuro de Desyfin. El acuerdo del Consejo prevé la posibilidad de ampliar el periodo de estudio por otros 30 días.
