El regreso a la prisión preventiva oficiosa para cualquier adeudo fiscal en el cual se sospeche defraudación, en lugar de evolucionar significa un retroceso, advirtió Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Agregó que con las reformas de hace unos años, ya se logró eliminar a la mayor parte de las empresas ‘factureras’, las cuales hacían negocio con facturas falsas con la intención de defraudar al fisco.
“El gobierno debe tomar en cuenta la opinión del sector privado, porque además ha habido amparos que dieron marcha atrás a la prisión preventiva por adeudos fiscales”, recalcó.
En otro tema, Amayo habló de la problemática que existe para que las personas físicas puedan obtener una factura en el momento en que hacen su compra.
El hecho de decir que, a pesar de que ya existe una factura electrónica y que somos modelo en el mundo y muchos países nos visitan, muchos comercio y negocios no las entregan.
La autoridad establece que es obligación de los comercios de entregar la factura impresa y por medios electrónicos en el momento en que los contribuyentes hacen su compra.
“Son temas que la autoridad debe de saber y hacer su trabajo”, enfatizó.
Rolando Silva, expuso que el tema del cumplimiento fiscal es una cadena, y un incentivo para que esto funcione, es un beneficio económico, si se crean deducciones para quienes gana sueldos y salarios, se crearía esta cadena de cumplimiento.
Falta incentivar al contribuyente permitiéndole hacer deducible de su base gravable ciertos gastos.
El pasado 13 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformas a la Constitución con el objetivo de incluir nuevas figuras delictivas en las que un juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa, y dentro del catálogo figuran la defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
El siguiente paso es la discusión y eventual aprobación de la reforma, una vez que se establezca la próxima legislatura en septiembre.
Carlos Romero Aranda, exprocurador fiscal, advirtió en entrevista para El Financiero que la prisión preventiva oficiosa como se está planteando en el proyecto de ley que sigue avanzando en comisiones del Congreso, puede ser un arma muy peligrosa en contra de los contribuyentes pequeños y debe haber contrapesos.
Con información de Leticia Hernández.
