Nicolás Maduro ha ejecutado un nuevo plan para reprimir a los opositores: el régimen brinda premios para detener a los venezolanos que marchan contra el megafraude del 28 de julio, donde Maduro salió reelecto (y sin mostrar las actas), según ha reportado El Mundo de España. Esta cifra coincide con los más de 1500 que han sido detenidos tras el escandaloso robo de las elecciones, según ha reportado la ONG Foro Penal.
129 adolescentes detenidos, 200 mujeres, 18 personas con discapacidad y 14 indígenas Activistas es el saldo de una ola de represión confesada por un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): “Nunca en la vida me habían pagado tanta plata como en esta cruzada contra el fascismo”, según reporta El Mundo.
El CNE aún no ha publicado el escrutinio mesa por mesa, bajo el argumento de que el sistema de votación automatizado sufrió un "ataque ciberterrorista". Maduro pidió "certificar" la elección al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de favorecer al gobierno con sus decisiones.
La oposición denunció un fraude tras las elecciones del 28 de julio y reivindicó la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, representante de la inhabilitada María Corina Machado, y aseguró tener el 80% de las actas que lo demostrarían.
En medio de estas denuncias, Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TJS) —acusado de estar al servicio del gobierno— "certificar" la elección en un proceso que académicos y expertos consideran improcedente.
Posterior a las votaciones, se desataron protestas en todo el país que resultaron en 25 muertos, cerca de 200 heridos y miles de detenidos.
La Unión Europea (UE) y 22 países solicitaron una "verificación imparcial" de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales han sido objeto de amplias críticas después de que Nicolás Maduro fuera proclamado como ganador en medio de acusaciones de fraude.
"Solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas", reza una declaración conjunta firmada por los 22 países y la UE como bloque.
El documento, leído por el canciller dominicano Roberto Álvarez al final de la juramentación de Luis Abinader como presidente para un segundo período, cuenta con la firma de Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Reino Unido, Surinam, Portugal, Uruguay y la Unión Europea.
Algunos de estos países ya habían instado a la autoridad electoral a publicar las actas, alegando un jaqueo al sistema, mientras que la autoridad electoral proclamó a Maduro como presidente reelecto con el 52% de los votos.
