Más de 22 años después del primer juicio por el motín de Fontcalent, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el uso de la videoconferencia para que acusados por causas penales declaren desde la prisión y establece las circunstancias en las que puede acordarse esta medida. La Audiencia de Alicante fue la primera que usó este medio telemático para enjuiciar la revuelta ocurrida en 1990 en el penal alicantino.
