Este martes 20 de agosto, la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otras autoridades fueron denunciadas ante la Corte Penal Internacional por las muertes registradas en las protestas sociales a inicios de su Gobierno.
En conversación con La República, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, confirmó a este medio que se trata de otra acusación dirigida contra la jefa de Estado. No obstante, manifestó que esta denuncia "apunta a la misma dirección" para que la mencionada institución tome en consideración los acontecimientos que se registraron a finales de 2022 e inicios de 2023.
"Efectivamente, se trata de una acción formalmente diferente, pero en realidad apunta a la misma dirección y seguramente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a realizar una acumulación de este nuevo informe o denuncia. Los hechos se refieren a los crímenes internacionales que se han cometido durante las protestas de diciembre de 2022 y en enero y febrero del 2023. Teníamos conocimiento de que la Asociación Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional por los Derechos Humanos había presentado una denuncia y lo que se quería era que se sostenga a esa denuncia, generar un acontecimiento de carácter legal para ayudar a que la Corte Penal y la Fiscalía Penal Internacional específicamente tomen una decisión de abrir una causa a nivel de ese tribunal internacional", señaló el abogado en conversación con La República.
El documento, que fue publicado por el portal periodístico Epicentro, se indica que los firmantes absolvieron todos los requerimientos legales pertinentes de acuerdo con los requisitos que establece la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Subrayaron que han actuado conforme a las acciones al "derecho internacional" y a la legislación peruana.
CPI by daniel.munoz
"Para tal efecto, hemos absuelto pausadamente todos los requerimientos legales, de acuerdo con las exigencias de la citada corte y actuado en estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana, con la justa expectativa de que se abra una investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar", se indica.
Subrayan que la presente denuncia tiene fundamentos con informes de países y organismos internacionales tales como Estados Unidos, Canadá, La Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
En junio del presente año, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se reunieron con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para presentar documentación en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma, relacionada con las muertes ocurridas durante las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.
La documentación, que abarca el periodo desde diciembre de 2022 hasta el 9 de febrero de 2023, detalla lo que las organizaciones califican como un ataque sistemático contra los manifestantes que protestaban contra el régimen actual. Según FIDH y Aprodeh, las fuerzas del orden hicieron un uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, afectando principalmente a "hombres jóvenes e indígenas".
Tanto la Federación Internacional por los Derechos Humanos como la Asociación Pro Derechos Humanos consideran que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, según lo establecido por el Estatuto de Roma. Por esta razón, han solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que inicie una investigación sobre lo sucedido en el país.
