Yolanda Díaz ha enterrado, definitivamente, todos los planes de vivienda impulsados por el Gobierno en el último año. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo y máxima representante de Sumar en el Consejo de Ministros se ha cansado de esperar y utilizará la negociación de los presupuestos generales del Estado para introducir dos nuevas medidas: la construcción inmediata de nuevos inmuebles de propiedad pública y la subida de impuestos al IVA y el IRPF del alquiler turístico.
En Sumar consideran que tanto la ley de vivienda como las 50.000 viviendas de la Sareb, anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez, antes de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023, han fracasado. Desde la propia formación reconocían al término del curso político, como adelantó ECD, que la propia norma tenía un "agujero" que no habían sabido tapar: la falta de regulación de los arrendamientos vacacionales.
La decepción en Sumar con el problema de la vivienda ha llegado a máximos este verano. La afluencia turística aumenta, el número de pisos dedicados a las vacaciones ya supera el 25% en el centro de Madrid —según cifras aportadas por Más Madrid— y consideran que la situación daña enormemente al partido. La ley de vivienda no ha conseguido frenar la escalada de precios, que este mayo registraban un encarecimiento del 10% con respecto al mismo mes del año pasado, según datos del portal inmobiliario pisos.com. Tampoco incluye ninguna medida sobre los arrendamientos turísticos, que Sumar sitúa ahora en el centro del problema.
Sánchez anunció que habilitaría 50.000 viviendas de la Sareb —entidad que gestiona los préstamos e inmuebles procedentes de entidades financieras que necesitaron ayudas públicas en 2012— con precios asequibles para bajar la inflación, aumentando la oferta de hogares con un coste más bajo. Sin embargo, muchas de esas propiedades no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, como adelantó este diario, por lo que no resuelve el problema a corto plazo.
Sumar calcula que gran parte de los votantes que ha perdido en el último año se debe, precisamente, a la falta de medidas sobre vivienda que mejoren la situación de los más jóvenes. La principal barrera para acceder a un inmueble reside en los ciudadanos de 20 y 30 años, uno de los caladeros de votos más importantes de la formación liderada en el Ejecutivo por la ministra de Trabajo.
La parte socialista se ha mostrado más reacia a regular directamente el mercado. Unidas Podemos presionó la pasada legislatura para intervenir los precios, limitándolos por la horquilla más alta, para prohibir cualquier subida, sobre todo en grandes tenedores —aquellos que poseen más de diez inmuebles—.
Pero el PSOE no quiso asumir una medida de tal calado y apuesta por iniciativas más laxas. La última, que los propietarios tengan que dar el visto bueno a que una de las viviendas del edificio se destine a alquiler turístico. Una ocurrencia que en Sumar han tachado de "ineficaz"; e incluso han acusado a la parte socialista del Gobierno de "dejación de funciones" por no haber intervenido aún los arrendamientos vacacionales.
La estrategia de Sumar pasa por utilizar los Presupuestos, vitales para el devenir de la legislatura. La formación obligará al PSOE a pactar la subida de los impuestos al alquiler turístico y también la construcción inmediata de inmuebles públicos. En la parte minoritaria del Ejecutivo calculan que si se empezase a construir antes de 2025, se podría aumentar el parque público de vivienda habitable antes para el inicio del 2026. Sin necesidad de reconstruir los inmuebles de la Sareb. Una solución a corto o medio plazo que, según creen, permitiría destensar el mercado inmobiliario.
Las dos medidas estrella que defiende Sumar suponen subir el IVA y el IRPF a los propietarios de viviendas destinadas al alquiler turístico. No especifica si solo a los grandes tenedores o a todos los dueños de los pisos, aunque, en principio, llevarán el PSOE una apuesta de máximos que, previsiblemente, aumente la carga impositiva a todos los arrendamientos destinados a las vacaciones.
Con esta medida, además de aumentar las arcas del Estado, buscan que frenar la inversión extranjera. Una medida en la línea de prohibir las "Golden Visa", que otorgaban directamente la nacionalidad a cualquier extranjero que comprara una casa de más de medio millón de euros.
A esta petición, que ya acumula semanas, han incluido aumentar el parque de vivienda público después de descartar las casas de la Sareb como solución. Queda por determinar en la negociación cuántos inmuebles y cuándo estarían disponibles, pero consideran vital avanzar en este aspecto. El PSOE ve con mejores ojos esta opción que regular los pisos turísticos, por lo que fuentes de ambas formaciones confían en alcanzar un acuerdo este otoño.
