Los diputados aprobaron el martes 13 de agosto, en segundo debate, un proyecto de ley que busca revivir la figura del bono colectivo, con el fin de asegurar el financiamiento para obras comunales y de infraestructura social en las comunidades más necesitadas del país, en muchos casos, asentamientos informales. El plan recibió 42 votos a favor y ninguno en contra.
Se trata del expediente 23.178, que modifica la ley del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), para añadir un nuevo capítulo donde se regule la figura del bono colectivo y los objetivos para los cuales se puede utilizar.
Dicha figura quedó sin financiamiento por una orden de la Contraloría General de la República (CGR) que, en el 2017, advirtió de que se estaba utilizando dinero que por norma legal no estaba destinado a ese bono de interés social, sino solamente a la construcción de viviendas para personas pobres.
De acuerdo con el diputado frenteamplista Antonio Ortega, proponente de la iniciativa, el objetivo es darle viabilidad jurídica a la figura del bono colectivo, para que se puedan volver a utilizar los recursos del impuesto solidario sobre las casas de lujo.
La iniciativa legal aprobada establece que el financiamiento de esta figura de bono colectivo provendrá del 30% de los ingresos generados por el impuesto solidario sobre las casas de lujo, por lo que también se reforma la ley de este impuesto.
Los recursos se destinarán a la construcción de infraestructura social y el mejoramiento del hábitat para “personas, familias y comunidades en condición de pobreza y pobreza extrema”.
La figura del bono colectivo existe en el país desde el 2008 y, entre esa fecha y el 2018, se contabilizaron 51 proyectos en diferentes etapas, desde financiamiento aprobado o prefactibilidad hasta obras concluidas.
Entre las obras que se pueden construir con este bono, la ley aprobada establece redes y sistemas de saneamiento, energía y comunicación, así como equipamiento para servicios de educación, salud, centros de cuido, cultura, deporte, zonas verdes y recreativas, entre otras.
De acuerdo con los datos de la Fundación Promotora de la Vivienda (Fuprovi), en ese periodo se vieron beneficiadas más de 57.000 familias con los proyectos desarrollados gracias al bono colectivo.
Según los datos presentados en la exposición de motivos del proyecto, entre los años 2011 y 2016, el impuesto solidario recaudaba un promedio de ¢3.550 millones, de los cuales ¢1.263 millones se destinaron al bono colectivo, mientras que, para el 2017, se calculó un ingreso de ¢4.600 millones por ese tributo.
Aunque el Banhvi ha utilizado recursos del impuesto solidario para financiar el bono colectivo, la Contraloría General de la República le ordenó, desde finales del 2017, dejar de utilizar recursos de ese tributo para la construcción de infraestructura social, pues la legislación vigente no autoriza emplear ese dinero más que para la construcción de viviendas para familias y personas en pobreza y pobreza extrema.
El criterio del ente contralor es que el Banhvi modificó, vía reglamento, lo establecido en la norma legal, si bien el bono colectivo para infraestructura social en los barrios más pobres del país tenía el objetivo de beneficiar a las personas en condición de pobreza y pobreza extrema.
Según los proponentes, el bono no quita financiamiento a la vivienda de interés social, pues ya desde antes del 2017 se estuvieron utilizando recursos para ese bono comunal.
“Es fundamental comprender que las construcciones que benefician a toda la comunidad, entre las que se encuentra el acceso a servicios básicos, deben ser entendidas como parte de la política de vivienda social costarricense y solo pueden ser financiadas mediante el bono colectivo”, explicó Ortega en la exposición de motivos del proyecto aprobado.
El proyecto está en la corriente legislativa desde junio del 2022 y, en el periodo anterior (2018-2022), se había tratado de regular jurídicamente la figura del bono colectivo y su financiamiento, sin éxito.
