En julio de 2013 el Congreso aprobó la Ley de la Cadena Alimentaria (LCA). Por fin, dijo entonces el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, del PP, los productores del agro iban a percibir unos precios «razonables» por sus productos. Como esto no pasó, y al calor de las protestas de agricultores y ganaderos –que en estos once años han sido constantes; el pasado febrero, históricas–, la LCA sufrió dos modificaciones posteriores, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez. La novedad más importante que introdujo el ministro actual, Luis Planas , fue la exigencia de que los compradores de cada eslabón de la cadena cubrieran al menos los costes incurridos por el eslabón anterior; es decir, que nadie, en ningún...
Ver Más
