El 9 de agosto, los fiscales, que integran el subsistema especializado en derechos humanos e interculturalidad a nivel nacional, emitieron un comunicado dirigido al titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, con la finalidad de que la máxima autoridad de la Fiscalía interponga ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la denominada 'Ley de Amnistía', aprobada por el Congreso de la República en julio del presente año y promulgada el último viernes.
"Solicitar al despacho de la Fiscalía de la Nación que, en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo n° 6541-2024 de la Junta de Fiscales Supremos y lo señalado en los artículos 203 de la Constitución Política del Perú y 98 del Código Procesal Constitucional, se interponga la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 32107, Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana", se lee en el escrito.
en los trabajos que vienen realizando contra el crimen organizado y que los magistrados supremos muestren su respaldo institucional a los miembros que pertenecen al área de "subsistema especializado en derechos humanos e interculturalidad".
"Solicitar a la Junta de Fiscales Supremos que emita un pronunciamiento sobre el impacto negativo de la Ley 32107 y, también, un respaldo institucional a los señores fiscales de este subsistema especializado en derechos humanos e interculturalidad, considerando que las disposiciones de los artículos 4 y 5 de la referida ley resultan contrarias a la autonomía e independencia funcional y trastocan las garantías de estabilidad reforzada de los magistrados del Ministerio Público", señalan.
Más de 30 fiscales que integran el subsistema especializado en derechos humanos e interculturalidad rechazaron la promulgación de la norma 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en beneficio de los acusados. En esa línea, los integrantes del Ministerio Público indicaron que con esta acción, las investigaciones que se venían realizando respecto a casos de importancia nacional se verán perjudicadas.
"Rechazar la Ley 32107, Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, por el impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de especial gravedad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja, entre otros (que están en investigación preliminar); los casos Soras, Pichari, Ventocilla, las Gardenias, Tabalosos, Chuschihuico, entre otros (que están en investigación judicial o para emitir acusación fiscal); los casos Chuschi, Huanta 84, Huancapi, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Huancapi, Cedruyo, Sobres Bomba, Accomarca, Hilario Trucios, Cantuta - Pativilca, José Navarrete Cabrera, Umasi Raccaya, Mamérita Mestanza, entre otros (en etapa de juicio oral); y, finalmente, los casos con sentencia como Chumbivilcas, Chuschi I, MMMB, Totos, Cabitos 1983, Santa Bárbara, Comando Rodrigo Franco, Martín López Rimachi y otros, Leonor La Rosa Bustamante, entre otros", sostienen.
