El Gobierno de Costa Rica confirmó que está en negociaciones con su par de Estados Unidos para suscribir un acuerdo centrado en la repatriación voluntaria de migrantes que arriben a suelo costarricense, en condición irregular, como parte de su camino hacia el norte.
Estados Unidos financiaría el pago de vuelos o pasajes en aerolíneas comerciales para devolver a los extranjeros hacia sus países de origen, desde Costa Rica. El instrumento sería similar al que el país norteamericano firmó con Panamá.
Ante una consulta de La Nación, la Cancillería comunicó que está a la espera de que el gobierno estadounidense remita una nota conceptual sobre el acuerdo migratorio. Igualmente, destacó la voluntad del país “de fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos, a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, regular y con enfoque humanitario, mediante un proceso que tome en cuenta a los países de origen, tránsito y destino”.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Costa Rica se limitó a remitir una declaración, sin atender las consultas enviadas a su oficina de prensa.
La delegación norteamericana indicó que “Estados Unidos y Costa Rica trabajan juntos para gestionar la migración de manera segura y humana en nuestra región”.
“Bajo la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, Estados Unidos colabora con 21 socios regionales, incluyendo a Costa Rica, para promover la estabilidad, expandir vías legales y gestionar humanamente las fronteras”, expuso.
Estados Unidos financiará vuelos para repatriar migrantes desde Panamá
Este medio también envió preguntas al ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora, para obtener mayores detalles, pero el funcionario indicó que la vocería del tema la ejerce Cancillería. De igual forma, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) instruyó a este medio a redireccionar las consultas al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el secretario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro N. Mayorkas, firmaron el pasado 1°. de julio un memorando de entendimiento sobre asistencia y cooperación en asuntos migratorios.
En el documento, el gobierno norteamericano se compromete a colaborar con el transporte aéreo de aquellos migrantes, mayores de 18 años, que hayan incumplido con las leyes migratorias del país centroamericano.
Este apoyo se debe materializar por medio de “aeronaves fletadas suministradas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o mediante la adquisición por DHS de pasajes en aerolíneas comerciales de manera limitada y según cada caso”.
“En términos generales, se deberían brindar tanto vuelos como pasajes en aerolíneas, según sea el caso, a solicitud de Panamá dentro de un término de 96 horas (...)”, añade la nota publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.
Un día después de la firma del acuerdo, el Gobierno de Estados Unidos anunció una asignación de $6 millones para programas de entrenamiento y asistencia técnica a las autoridades panameñas, así como para costear los gastos de los vuelos.
Otro compromiso asumido por Estados Unidos es apoyar a Panamá con “los recursos adecuados, constantes y necesarios” para mejorar las instalaciones que alberguen a los migrantes. No obstante, prohíbe que estos fondos puedan ser usados para construcción.
Asimismo, la nota aclara que ninguna de las disposiciones del memorando tiene por intención “afectar a una obligación de fondos presupuestarios” para ninguna de las partes. Precisa que toda acción que se pretenda ejecutar “estará sujeta a la disponibilidad de fondos presupuestarios y la legislación” de los respectivos países.
El memorando tiene una duración de 12 meses, a partir de su firma, con posibilidad de prorrogar su aplicación por el mismo periodo original.
En un comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos en Panamá, respecto a la firma del acuerdo, la delegación destacó que continúa “aplicando las leyes de migración” y “ejerciendo fuertes consecuencias contra aquellos que no cuentan con una base legal para permanecer” en territorio norteamericano.
Recordó que el 4 de junio, el presidente Joe Biden emitió una Proclamación para suspender temporalmente la entrada en la frontera sur de personas que no son ciudadanas estadounidenses.
“Como resultado, el promedio en siete días de la detección de migrantes irregulares por la Patrulla Fronteriza disminuyó en más del 40%, y DHS ha realizado más de 120 vuelos internacionales de repatriación a más de 20 países. La mayoría de las detecciones en la frontera sudoeste de Estados Unidos durante los últimos tres años fiscales resultaron en remoción, retorno o expulsión”, explicó.
