La propaganda de la Xunta juega a confundir nueva vivienda pública de alquiler con lo que son cambios de inquilinos

Un cambio de inquilino en una de las no muy abundantes viviendas públicas de alquiler propiedad del Goberno gallego sirve a la conselleira del ramo, María Martínez Allegue, para hacer propaganda política. “La Xunta hace entrega de dos viviendas de promoción pública en régimen de alquiler en O Carballiño (Ourense)”, titula la nota remitida a la prensa desde y que se puede consultar en la página web del departamento. No es hasta el segundo párrafo que el documento aclara de qué se trata: “Son viviendas de segunda transmisión”. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lo enmarcó, en una reciente sesión de control parlamentario al presidente Alfonso Rueda, en la “enloquecida carrera de propaganda” que, a su juicio, caracteriza la política de vivienda de la comunidad.

Esos de O Carballiño son dos de los 3.800 pisos que posee el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) destinados a alquiler social. También lo es el apartamento de 38 metros cuadrados en A Tinería, de Lugo, cuyas llaves el delegado de la consellería en la provincia entregó a su nuevo inquilino el pasado 18 de junio. “La Xunta entrega una vivienda de promoción pública en el barrio de A Tinería de Lugo”, dice el titular de la nota de prensa. En el segundo párrafo explica cómo el alto cargo “recordó que en cuanto una vivienda de gestión pública autonómica queda vacía, la Xunta agiliza los trámites para ponerla a disposición de un nuevo ocupante”. O el de Parderrubias, en A Merca (Ourense), que la propia conselleira Martínez Allegue acudió a traspasar -ya lo había hecho en O Carballiño- ese mismo 18 de junio. Es necesario llegar al quinto párrafo de la nota de prensa para saber que la vivienda no era nueva: “Se ha entregado después de realizar obras de mejora, por importe de 15.000 euros, puesto que ya había sido adjudicada anteriormente a otros beneficiarios que la habitaron durante años”.

El BNG se ha mostrado muy crítico con esta publicidad. “Es una estrategia que se limita a la propaganda y a las noticias falsas tras 15 años de destrucción de las políticas de vivienda. Le has explotado una situación insostenible”, señala su diputada en el Parlamento de Galicia Alexandra Fernández, “y lo maquillan con entregas de llaves fake”. El derecho de acceso a la vivienda nunca se encontró entre las prioridades de los sucesivos gobiernos del PP en Galicia, ni con Alberto Núñez Feijóo ni con Alfonso Rueda. Este último lo admitía hace algo más de un año: “Los ritmos y las necesidades dependen de cada momento. Ahora mismo, frente a un problema detectado también por el Gobierno central, todas las administraciones estamos actuando con la intensidad que denota el momento”. No se movían porque no habían detectado el problema. La actual líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, hizo de esta inacción uno de los ejes de su última campaña electoral. Y todavía hace unas semanas centró en ello su pregunta al presidente en la Cámara autonómica.

Sin respuesta a las preguntas de elDiario.es

Pontón le afeó ese día que de las 870 viviendas públicas que preveía construir el último Plan de Vivenda del Gobierno gallego, correspondiente al período 2015-2020, solo se materializaron 40. Alfonso Rueda se indignó y, con una maniobra retórica habitual de su repertorio parlamentario, aseguró que la portavoz del BNG manipulaba los datos. Pero en realidad no los desmintió. El habló, y más tarde lo precisó en un comunicado de prensa, de 2.403 viviendas de nueva construcción o rehabilitadas y de 2.281 en “nuevas adjudicaciones”, solo que alargó el cómputo hasta 2009. Fernández entiende que en esas cifras rueda incluyó proyectos iniciados por el Gobierno bipartito de PSOE y BNG, que estuvo al frente de la Xunta entre 2005 y 2009, con una política de vivienda pública, dirigida por la nacionalista Teresa Táboas, mucho más activa. Este periódico se puso en contacto con la Consellería de Vivenda para obtener el desglose por años de esas viviendas públicas que citó Rueda pero, tras ocho días de espera, no obtuvo respuesta.

Sobre lo referido al programa 2015-2020, el informe de evaluación del mismo asegura que hubo 858 licitaciones. Según Fernández, “llaman licitaciones también a obras en viviendas públicas”, como esas que le sirven a la conselleira para presentarse en los pisos de propiedad pública y entregar las llaves a los nuevos inquilinos, sacar una foto y emitir nota de prensa oficial. La parlamentaria nacionalista explica que en el documento aparecen viviendas que fueron adjudicadas varias veces a lo largo de estos años y que la realidad es que, según sus cálculos, no hubo más de 40 viviendas de promoción pública nuevas en todo el período. ElDiario.es preguntó por escrito al departamento de Vivenda por estas acusaciones concretas con la siguiente fórmula: “El BNG asegura que no son más de 40 y que esas licitaciones incluyen simples obras o reformas de viviendas construidas antes del período del plan. ¿Esto es así o realmente se trata de 858 nuevas viviendas a todos los efectos?”. La consellería tampoco contestó.

Solo una de las aclaraciones solicitadas por este medio fue atendida por la Xunta, la relativa a cuántos proyectos de vivienda pública se encuentran en estos momentos en marcha. Hay, dice, 916 en ejecución (obra adjudicada o de próxima adjudicación) por 156 millones de euros. Y otras 1.303 programadas en suelo del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) o cedido por ayuntamientos, con un gasto previsto de 240 millones de euros. El departamento de Martínez Allegue añade que habrá una tercera fase con otras 1.026, pero que los datos son estimados y puede haber variaciones. Aún de materializarse estos planes, las cifras serán todavía inferiores a la construcción de vivienda pública de los apenas cuatro años de Gobierno bipartito. En todo caso, más allá de la ocultación de información, el Gobierno de Alfonso Rueda parece ahora sí haber detectado que la vivienda es un problema y que preocupa a la ciudadanía.