Al no haber continuidad en rondas petroleras y de los procesos de migración de asignaciones a contratos, se han ralentizado tanto la atracción, como la ejecución de inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos.
Especialista de cumplimiento regulatorio energético y director General de PRC.
A once años de haberse promulgado el decreto constitucional de la reforma energética, es posible hacer un balance y plantear una agenda que le permita a la nueva administración no sólo revisar y modificar el marco jurídico y constitucional energético, sino también aprovechar e impulsar aquellos mecanismos que favorezcan la obtención de mejores resultados.
Técnicamente, el mayor reto a largo plazo del sector hidrocarburos, es incrementar la tasa de restitución de las reservas petroleras, a través de los recursos prospectivos. Para ello, se requerirán mayores inversiones tanto públicas, como privadas, para proyectos exploratorios y llevarlos hasta su fase de desarrollo.
No obstante, este objetivo sólo puede lograrse si el Estado Mexicano, a través de las distintas entidades del Ejecutivo Federal (Sener/SHCP/FMP/CNH/ASEA), el Congreso y el propio Poder Judicial, revalidan el arreglo institucional que permitan y favorezcan la continuidad de los proyectos y de las inversiones públicas y privadas.
La reforma constitucional estableció un sistema de pesos y contrapesos al interior de la administración pública, con objetivo de que no quedara en manos de una sola autoridad la definición de la estrategia y de la política energética, pero, sobre todo, que la administración de los yacimientos y de los recursos petroleros se sujetara a principios y criterios de evaluación técnica de sustentabilidad y atendiendo siempre al principio de maximizar los ingresos y los beneficios esperados, de esa reforma, para la población.
Mientras que en apego al Plan Nacional de Desarrollo, a la Estrategia Nacional de Energía y a los demás planes y programas Sectoriales, Sener define si el Estado Mexicano optará por una asignación o una licitación de un contrato petrolero, así como las áreas de interés petrolero para los próximos años; SHCP establece los términos fiscales aplicables tanto a contratos, como a asignaciones petroleras y Secretaría de Economía define el porcentaje de contenido nacional; por su parte, la CNH establece los criterios de evaluación técnica, financiera, operacionales y tecnológicos que se aplicarán, para la exploración, evaluación y desarrollo de los yacimientos petroleros.
Si alguna de estas dependencias no se sujeta a los principios de sustentabilidad de largo plazo, la actividad petrolera podría caer en los errores cometidos en el pasado de sobreexplotar los yacimientos y supeditar su administración, a las necesidades presupuestarias inmediatas.
Si algo quedó demostrado con los precedentes y ejecutorias emitidas por los tribunales federales del Poder Judicial Federal y, de manera particular, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que el sector energético requiere de una mayor coordinación entre sus entidades técnicas –Cofece/CNH/CRE– y Sener.
Por eso es fundamental que esta nueva administración revalide el arreglo institucional que sustenta la reforma y permita materializar resultados derivados de las primeras rondas petroleras; tal está sucediendo con el campo Trión y la alianza Pemex-Woodside Energy, así como del nuevo descubrimiento por ENI-Repsol y su pozo exploratorio Yopaat-1 EXP.
Las rondas petroleras cumplieron con su cometido de atraer inversión privada, pero también innovar en esquemas a través del cual el Estado Mexicano y su empresa productiva, incursionen en alianzas y estrategias de inversión y para incrementar su capacidad financiera, operativa y tecnológica.
Al no haber continuidad en rondas petroleras y de los procesos de migración de asignaciones a contratos, se han ralentizado tanto la atracción, como la ejecución de dichas inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos.
En este orden de ideas, existen también mecanismos que ya están contemplados en el marco constitucional energético, pero que no se han instrumentado y explorado los resultados que podrían obtenerse en términos de capital e inversiones, para el desarrollo de nuevos proyectos energéticos.
Me refiero a la posibilidad de diseñar vehículos financieros, que permitan tanto captar ahorro público, como de inversiones privadas, para el desarrollo de nuevos proyectos dentro del sector energético y, particularmente para las actividades de exploración y desarrollo de campos petroleros.
