Este viernes 9 de julio el Poder Judicial analizará el pedido de la Fiscalía Provisional del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros cinco implicados en el caso 'Los Waykis’. Un requerimiento que salvo aporte nuevos indicio que demuestren un posible peligro de fuga u obstrucción a la justicia podría ser rechazado.
El experto en derecho penal Andy Carrión, en diálogo con La República, consideró que el pedido de la Fiscalía es desproporcionado por el plazo de 36 meses y el pedido de prisión preventiva: “Debemos tomar en cuenta que ya la anterior dilucidación de la detención preliminar los jueces concluyeron que no había ningún peligro de fuga o de obstrucción, por ello veo poco probable que pueda ser consentida dicha medida. Aunque uno siempre puede esperar siempre algo distinto por parte de los jueces”.
A mediados de mayo de este año, el Poder Judicial revocó la detención preliminar y ordenó la libertad de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros tres investigados. En aquella ocasión los jueces de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada consideraron que la resolución de primera instancia no había justificado bien el riesgo de fuga o de obstaculización de parte de los investigados.
Aunque, Andy Carrión indicó que tal vez este requerimiento fiscal viene acompañado de un elemento adicional que indique que están (Nicanor y demás implicados) obstruyendo a la justicia: “Un elemento novedoso sería que se incluyera a Víctor Torres como colaborador eficaz, ello podría afianzar los graves elementos de convicción para cumplir con el primer requisito de prisión preventiva. Aunque, siempre lo más determinante es el peligro de fuga u obstrucción a la justicia”.
Este jueves 8, se conoció que Víctor Torres Merino, amigo y hombre de confianza de Dina Boluarte, se acogió a la colaboración eficaz. De acuerdo al documento de requerimiento de prisión preventiva, Torres Merino confirmó el rol que cumplía Nicanor Boluarte en la designación de prefectos y subprefectos regionales como pieza clave de su engranaje de corrupción.
Más temprano, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, indicó que no existen elemento para que el Poder Judicial de luz verde al pedido fiscal para que su cliente sea investigado en prisión: “No hay un elemento que justifique la prisión preventiva contra mi patrocinado y menos intentar probar con un plazo de 36 meses”, dijo a ‘Canal N’.
Frente a ello, el letrado indicó que existiría una suerte de “obsesión procesal” de parte del Ministerio Público: “Yo tengo la tesis personal de que hay una especie de obsesión procesal contra mi patrocinado y este pedido responde específicamente a eso. Si de algo puedo dar fe es que mi cliente cuenta con todos sus arraigos, no ha cometido ninguna acción que haga suponer que va a entorpecer la acción de la justicia”.
Agregó que, según su análisis, en los últimos tiempos el Ministerio Público no viene cayendo en las mejores prácticas procesales: “Parece que meter presa a una persona forma parte del proceso penal y que si no lo hacen el caso no sirve, los fiscales se deprimen o la Fiscalía piensa que no está haciendo bien su trabajo”.
El pedido de prisión preventiva también involucra a Jorge Luis Ortiz, Zenovia Herrera, Noriel Chingay, Jorge Chingay y Mateo Castañeda, este último abogado de la presidenta Dina Boluarte. Contra ellos se imputa el presunto delito contra la tranquilidad pública - organización criminal y otros en agravio al Estado. La audiencia se realizará este viernes 9 de julio, a las 02:30 p.m.
De acuerdo a la tesis fiscal, Nicanor Boluarte habría liderado una presunta organización criminal que habría captado personas alineadas a sus intereses para colocarlas en puestos clave de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional, así como el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y Provias Descentralizado.
De acuerdo al Artículo 268 del Código Procesal Penal, un juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva contra un investigado si cumple con los siguientes requisitos: que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; y que la sanción a imponerse sea superior a cinco años de pena privativa de libertad.
En este sentido, también se deberá cumplir que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permitan evidenciar que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
