En la XX sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos, presidida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, se abrió una primera conversación sobre las prioridades con miras al diseño del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029.
En la instancia, se presentó el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, documento que establece las directrices para garantizar un entorno seguro para quienes promueven y defienden los derechos fundamentales, respondiendo a compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú. Además, se dio a conocer la Política Nacional de Sitios de Memoria, que busca preservar y proteger los lugares históricos vinculados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura, fortaleciendo el compromiso del Estado de Chile con la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos.
Las prioridades presentadas se centraron en la promoción, la investigación, sanción y reparación de crímenes de lesa humanidad y genocidio, especialmente cometidos durante la dictadura; la preservación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos. Sumado a aquello, la promoción de la no discriminación arbitraria, educación en derechos humanos, y el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
El ministro Luis Cordero destacó que : “Rendimos cuentas sobre los avances del Plan Nacional de Búsqueda, a finales del mes de agosto se va a cumplir un año desde la suscripción del mismo. El Ministerio de Justicia y el Programa de Derechos Humanos se encuentran en la etapa de rendición de cuentas, tanto a los familiares, en el caso del comité interministerial es lo que corresponde, y al comité de seguimiento que se ha estado haciendo sistemáticamente en el último tiempo.”
Durante la sesión, el comité revisó el estado de implementación del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, política pública que tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. En este contexto, se destacó la necesidad de avanzar con los puntos focales en acciones específicas de cada ministerio, garantizando un enfoque coordinado y sostenido con miras al primer aniversario de la implementación del Plan.
Finalmente, el jefe de cartera presentó la propuesta de modelo para el Proyecto de Ley sobre Debida Diligencia en Derechos Humanos y Empresas, que busca evaluar y gestionar los impactos directos e indirectos de las empresas en sus comunidades, fortaleciendo las responsabilidades tanto del sector privado como del Estado en la protección de los derechos humanos.
En la sesión participó la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra de Defensa, Maya Fernández; el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal y de educación Parvularia Claudia Lagos y director de Derechos Humanos de la Cancillería, Tomás Pascual.
