La cartera de Justicia advierte que la eliminación de esta ley afectaría los avances en la lucha contra la criminalidad y delitos graves.
El Ministerio de Justicia llamó la atención al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, o comúnmente llamado Ley de extinción de dominio. La cartera expresó su preocupación y llamó a la reflexión que la Defensoría del Pueblo vele por el derecho de los ciudadanos.
"Desde el MINJUSDH expresamos nuestra preocupación por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y hacemos un Ilamado a la reflexión para que dicho Organismo Constitucional vele preferentemente por los derechos de la ciudadanía sobre otros intereses evidenciados en la objeción sobre la viabilidad de esta importante figura", publicó en X.
Asimismo, el ministerio indica que este caso atenta directamente contra el Poder Judicial, Policía Nacional y Procuraduría Públicas, ya que son parte del Subsistema de Extinción de Dominio, así como del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
En esa misma línea, comparte que gracias a estos procesos de extinción de dominio, el Estado ha podido recuperar "más de S/250 millones en activos, bienes o ganancias, producto de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.
"Exhortamos al Defensor del Pueblo que en el ejercicio de sus funciones priorice y defienda los intereses de la ciudadanía, ya que la eliminación de la extinción de dominio afectaría todo lo avanzado en el marco de la lucha contra la criminalidad y delitos graves".
Finalmente, la cartera de Justicia hace un llamado al Tribunal Constitucional para que no dé luz verde a esta petición que no le vendría para nada bien al Estado peruano.
Según un documento obtenido por La República, el defensor sostiene que ciertos artículos de la Ley sobre Extinción de Dominio presuntamente vulneran derechos fundamentales como el derecho de propiedad, así como los principios de tipicidad, presunción de inocencia, irretroactividad de la ley y seguridad jurídica.
En concreto, Gutiérrez busca que se declare la inconstitucionalidad de los numerales 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, y 3.10 del artículo II del Título Preliminar de dicha ley, además de los artículos 7.1.b, 7.1.f, 31.2, 32, 34 y 44 de dicha norma.
El defensor argumenta que la ley conlleva una supuesta “grave afectación” al derecho de propiedad, ya que no solo priva a las personas de ejercer algún atributo sobre sus bienes, sino todos ellos, y de manera permanente.
