Es indudable que el planeta Tierra está pasando por un momento crítico debido a los efectos del cambio climático. En los últimos años hemos presenciado diversos fenómenos naturales cuya extrañeza ha sido palmaria. Esto parece ya estar afectando de manera crítica a diversas zonas del mundo. De la manera en que los gobiernos actúen para paliar los diversos efectos del fenómeno conocido como antropoceno es como se podrá evitar consecuencias adversas para comunidades potencialmente afectadas en su integridad.
Un caso especialmente preocupante en nuestro país es el del Valle de Mexicali. Resulta que el gobierno de Estados Unidos ha decidido retener una parte importante del acceso de agua al estado de Baja California con el fin de evitar la sequía del Río Colorado ubicado del lado estadounidense.
Esta medida acordada en el seno de la Comisión Internacional de Límites y Aguas - organismo de coordinación intergubernamental de carácter binacional para resolver disputas en materia de límites - implicará que, a partir de octubre de este año y hasta el 2026, casi 500 millones de metros cúbicos de agua no estarán disponibles en Baja California.
Los mayormente afectados son fundamentalmente los productores y ejidatarios de la región debido a la opacidad en la toma de decisiones por parte del gobierno mexicano que no toma en cuenta sus intereses. Como ya ha sido costumbre en este sexenio, le ha correspondido a la propia sociedad civil velar por el interés general y particular. En efecto, negándose a crear más infraestructura hidroagrícola a cambio de sus permisos de agua, los productores del Valle de Mexicali con la ayuda del académico, Alfonso Cortés Lara, del Colegio de la Frontera Norte, han decidido hacer una contrapropuesta a los planes gubernamentales denominada Programa 90/10, según la cual, le correspondería 54 millones de dólares a ellos del total de los 65 millones acordados por ambos países en el marco del Acta 330. Siendo los directamente afectados la propuesta de los productores tiene todo el sentido del mundo, sobre todo que en sus planes se encuentra la idea de disponer de los restantes 11 millones de dólares a mitigar impactos ambientales y a la creación de infraestructura hidroagrícola.
Lo que sobresale de este episodio es el hecho de que la toma de decisiones en materia tan estratégica y vital para varias comunidades se tomen a espaldas de los directamente afectados.
Se hace necesario, entonces, reformular las prácticas de negociación bilateral e intergubernamental, entre México y Estados Unidos en la frontera, para que se tome en cuenta a las comunidades. Pensando incluso en términos globales, esto es lo que debería suceder en las fronteras en todo el mundo ante los efectos inminentes del antropoceno. Quizás ha llegado la hora de hacer efectivo el adagio de pensar globalmente y actuar localmente.
