Si hay una regla básica para que funcione el mundo civilizadamente y para que, como sociedad, remontemos el caos y la arbitrariedad, es que las reglas de convivencia se apliquen a todos por igual, sin ventajas ni concesiones. No hay nadie por encima de la ley y donde la ley no diferencia, no lo puede hacer ninguna autoridad.
Es prudente recordar esta definición cuando valoremos lo ocurrido con la congresista Patricia Chirinos y su acompañante, también congresista, en un conocido bar barranquino, que es un punto de encuentro de la bohemia local y generacional. La presencia de la legisladora, famosa por sus agresiones verbales y su violencia al gesticular, fue rechazada por una gran mayoría de asistentes. Se corearon consignas y le enrostraron básicamente supuestos delitos e inconductas.
La reacción de la parlamentaria estuvo a la altura de su fama. Insultos y gestos obscenos mientras sus acompañantes la obligaban a marcharse. Reprensible, eso sí, que alguien de la concurrencia le arrojara un vaso de cerveza cuando abandonaba el local.
Pero lo controversial ha ocurrido luego. Desde la alcaldía de Barranco, el Congreso y algunos aliados políticos, se han exigido sanciones para los asistentes y los responsables del bar, y se han solicitado videos para identificar a los que estuvieron presentes.
Sin hacer comparaciones, qué hace que la conducta de los asistentes a La Noche, reprochable desde el momento en que se abusó de la desigualdad de condiciones, sea sancionable o perseguible en el caso particular de Chirinos, y solo sea una anécdota cuando se trata de otros ciudadanos.
Lo decimos por el abuso persistente que cometen los desadaptados miembros de ‘La resistencia’ contra periodistas, políticos y autoridades, acosados en sus oficinas o domicilios. O el jefe de la autoridad electoral golpeado en un club privado y tantas otras personas afectadas en su integridad y honor, solo por pensar diferente de quienes ostentan actualmente el poder político. Con ellas no se ha tenido un mínimo de consideración, las autoridades se han hecho de la vista gorda y la policía, ídem.
La medida de nuestra vocación democrática la dará, sin duda, nuestra capacidad colectiva de enjuiciar y medir situaciones similares con la misma vara y exigir, para todos —quienes infringen las normas de conducta— consecuencias parecidas.
