El retorno del expresident a Catalunya y su detención podría provocar un aplazamiento del pleno, pero los partidarios de Illa han pactado forzar una nueva fecha para la votación
Illa y sus socios se conjuran para que el boicot de Puigdemont no retrase la votación más allá del lunes
Catalunya espera este jueves una jornada de alto voltaje político. A las 10 de la mañana los diputados del Parlament se reunirán en el pleno que debería convertir a Salvador Illa en decimotercer president de la Generalitat democrática. Pero la investidura está pendiente de un hilo; tanto que el socialista ya ha asumido que todavía le pueden faltar unos días para asumir el cargo.
Todo lo que suceda durante la jornada depende de otro hombre: el expresident Carles Puigdemont, que este miércoles anunció que ya había iniciado el camino de regreso a Catalunya tras siete años en el exterior. Sobre él todavía pesa una orden de detención por la única causa que le queda abierta, la del procés, por la que sigue acusado de un delito de malversación después de que el Supremo se negara a aplicar la amnistía contra el criterio de la Fiscalía.
Desde el momento en que Puigdemont cruce la frontera se expone a ser detenido. Aún así, su intención es llegar al Parlament y ejercer el derecho que tiene, como diputado electo, a votar en la investidura. Pero ese escenario es altamente improbable, ya que los Mossos d'Esquadra tienen orden de detenerle y no permitir que entre en la cámara catalana.
Puigdemont ha agitado la bandera de su retorno para presionar a ERC, que finalmente ha decidido apoyar la investidura del Salvador Illa, el primer presidente no independentista desde el inicio del procés. El de Junts, pues, busca un golpe de efecto con su vuelta, que le convertirá en la última gran figura política que sufre las consecuencias judiciales del procés.
El expresident es uno de los principales protagonistas en el día de una investidura que no será la suya. Tanto que, una hora antes de iniciar el pleno, Junts ha convocado un “acto de bienvenida institucional” en el que se espera que Puigdemont –si no es detenido antes– tenga su primer baño de masas. Es ahí donde previsiblemente sea retenido por la policía. De hecho, el lugar ha sido convenientemente escogido al estar muy cerca del Parlament, aunque también en la misma calle que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Si es interceptado por la policía, casi con total seguridad el pleno se suspenderá. El presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), ya ha anunciado que pedirá que así sea y tanto ERC como Comuns han asegurado que darán apoyo a la propuesta. La pregunta es, si no se celebra ahora el pleno, ¿cuándo?
Las opciones son diversas y dependen, de nuevo, de lo que le suceda a Carles Puigdemont una vez sea detenido. Catalunya tiene de tiempo hasta el 26 de agosto si no quiere ir a una repetición electoral, pero PSC, ERC y Comuns no quieren apurar tanto el calendario. De hecho, su intención es hacerlo “cuanto antes mejor”, tal como apuntan fuentes socialistas.
Estos tres partidos, que son los que suman mayoría para investir a Illa, también tienen mayoría en la Diputación Permanente, que será la encargada de convocar el nuevo pleno. Y lo harán en cuanto el futuro judicial de Puigdemont esté más o menos dibujado.
Cuando el expresident sea detenido, pasará a disposición del juzgado de guardia más cercano, que se comunicará con el Tribunal Supremo que decidirá cómo, dónde y cuándo se tomará declaración a Carles Puigdemont. Las incógnitas se despejarán en las próximas horas y será entonces cuando se convocará el próximo pleno, que los futuros socios de Govern esperan celebrar antes del lunes para poder haber acabado el traspaso de consellerías antes del puente del 15 de agosto.
Si hubiera que calibrar la actual relevancia de la figura de Carles Puigdemont por su incidencia en la política española habría que concluir que tampoco en ese aspecto las cosas son ya como en 2017. Porque el cacareado regreso a España del hombre que un día consiguió poner en jaque al Estado y que ha logrado burlar durante siete años los designios de la justicia del país apenas ha conseguido agitar el avispero de la discusión pública estatal.
Por el momento, ni su vuelta, ni su detención, ni incluso su hipotética entrada en prisión han alterado siquiera el planning de vacaciones del Gobierno y la oposición, con agendas públicas prácticamente inexistentes.
En el caso del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del PSOE, la comparecencia del presidente del Gobierno de final de julio dio paso al más absoluto silencio. Fue el propio Sánchez quien trasladó esa orden entre los suyos: vacaciones para todos y el menor ruido posible hasta confirmarse el hito de la presidencia de Salvador Illa en la Generalitat de Catalunya.
Y, salvo contadas excepciones de líderes territoriales socialistas que se han desmarcado del acuerdo fiscal con ERC, todo el mundo cumple la directriz al pie de la letra. Nadie desde la Moncloa ni desde Ferraz, de hecho, ha compartido valoración alguna sobre el último movimiento de Puigdemont, con quien hace un año a estas alturas se estrechaba la interlocución para negociar la ley de amnistía y la investidura.
Tampoco entre las filas del PP, donde hasta hace poco se defendía que Sánchez se disponía a hacer president a Puigdemont para devolverle el favor de su investidura, se hace causa general con la vuelta del líder de Junts.
“Es un circo, un esperpento. La España cañí llevada a su última consecuencia”, se limitó a valorar este miércoles Esteban González Pons como portavoz veraniego de guardia. Pons anunció la petición de su grupo de comparecencia en el Congreso de María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, para rendir cuentas de lo pactado en la financiación de Catalunya.
Mientras, desde Sumar se afronta la investidura de Salvador Illa, como casi todo en ese espacio, con una discusión interna sobre la relación fiscal que ha de tener el Estado con la Generalitat.
El rechazo explícito de Izquierda Unida e incluso del `propio portavoz de economía de los de Yolanda Díaz, Carlos Martín, al acuerdo firmado entre el PSC y ERC, contrasta con la defensa de la singularidad catalana del portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, y de los Comunes, la fuerza catalana que también respaldará la investidura del líder socialista. Tampoco nadie en Sumar ha expresado opinión alguna sobre el regreso de Puigdemont.
Desde Vox, también con la agenda sepultada por las vacaciones veraniegas, sí han vuelto a ir un paso más allá para convocar contramanifestaciones a las puertas del Parlament en respuesta al apoyo que va a recibir Puigdemont de los partidos independentistas y las organizaciones soberanistas. “Hay que dar al prófugo golpista el recibimiento que se merece si se atreve a pisar España. VOX estará en la puerta del Parlamento de Calatuña esperándolo; que sepa que no olvidamos todo el daño que causó (y que aún causa) a nuestra patria y a millones de españoles”, divulgó en tono amenazante Santiago Abascal en sus redes sociales.
