Jerarca del Banco Popular catalogó de “contradictorio” actuación de entidades supervisoras
Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente del Banco Popular (BP), cuestionó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por recomendar su destitución, así como la de otros dos miembros de la Junta Directiva, a pesar de la reciente decisión de la entidad de absorber el 80,5% del “banco bueno” de Coopeservidores.
Sánchez destacó la labor de la Junta Directiva y la alta gerencia del BP al llevar alivio a miles de personas y fortalecer el sistema financiero nacional con la decisión de asumir parte de la cooperativa declarada inviable.
“La propia supervisión ha depositado confianza en estos días en las autoridades del Banco para llevar a cabo procesos de gran envergadura en el mercado, como es la reciente adquisición de una parte importante de la cartera de Coopeservidores (...). Cabe señalar que esto (la petición de remoción) resulta, a lo menos, contradictorio”, afirmó el jerarca a La Nación.
El malestar del presidente del Banco surge a raíz del oficio confidencial SGF-2345-2024, fechado 30 de julio, en el cual Rocío Aguilar, jerarca de Sugef, solicitó su remoción y la de los directivos María Clemencia Palomo Leyton y Eduardo Navarro Ceciliano, debido a que incumplen el requisito de experiencia para ocupar sus cargos.
Sánchez no acreditó haber ejercido un cargo de directivo o de alta gerencia en al menos ocho de los últimos diez años. Por su parte, Palomo y Navarro deben contar con al menos tres años de experiencia en puestos de dirección y gerenciales, requisito que, según Sugef, no cumplen.
Sugef recomienda al gobierno destituir al presidente del Banco Popular y a otros dos directivos
Aguilar envió el oficio a Sánchez el día previo a la aprobación por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) de la propuesta del Banco Popular para la absorción de ¢411.580 millones en activos y el mismo monto en pasivos de Coopeservidores. La autorización permite el pago total de los depósitos garantizados hasta por ¢6 millones, así como hasta un 50% del dinero no garantizado sobre el exceso de dicho monto a ahorrantes e inversionistas.
La petición de la Sugef se hizo con base en el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros de órgano de dirección y de alta gerencia del 2022, que permite a la Superintendencia proponer la remoción de directivos y gerentes por incumplir esta normativa.
A raíz de las deficiencias de gobierno corporativo, el Banco Popular está en Irregularidad financiera 1 desde el pasado 15 de enero, cuando la Sugef notificó a la entidad el resultado de su evaluación sobre riesgos, tal como informó La Nación.
