La exalcaldesa de la Municipalidad de Lima es acusada del delito de colusión agravada, por el cual afronta un pedido de 29 años de cárcel.
En 2019, Susana Villarán confesó, durante una entrevista en radio Exitosa, que siempre supo sobre los aportes que realizaron las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña "No a la revocatoria" del 2013 y para su campaña de reelección de 2014.
La ex burgomaestre reconoció su verdad luego de que su mano derecha José Miguel Castro se sometiera a un proceso de colaboración eficaz. En esa oportunidad indicó que ella era "responsable política" por haber aceptado el dinero y que nunca favoreció a las empresas brasileñas con obras públicas, cosa que luego fue desmentido por la Fiscalía.
En esa línea, el Ministerio Público ha pedido una pena de 29 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Sin embargo, tras más de cinco años, desde dicho acontecimiento, aún no se ha podido dar una sentencia.
La audiencia del miércoles 7 de agosto, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, del Subsistema Anticorrupción y Crimen Organizado buscó aclarar los motivos por los cuáles la acusada, en este caso Villarán, no fue ha firmar en dos oportunidad, por lo que estaría presentando "peligro de fuga".
"Mi patrocinada tenía que firmar en dos expedientes, ambos el 16 de noviembre. No pudo acercarse a la firma biométrica por impedimento de salud. (...) El juez dice que mi patrocinada (Susana Villarán) al no haber firmado el 16 de noviembre del 2023 estaría generando un peligro de fuga", explica la abogada de la exalcadesa.
Por su parte, la Fiscalía alegó que para justificar su inasistencia a la firma biométrica, la defensa de Villarán solo presentó "una copia simple de una cita de salud".
"Ese documento por sí mismo no revela una situación de enfermedad tal, que haya impedido a la acusada de acudir a su control biométrico (...) No se presentó ni descanso médico, ni receta", explicó la Fiscalía.
Finalmente, tras escuchar a la representante del Ministerio Público y concluido el debate; los integrantes del Colegiado informaron que su decisión será comunicada a las casillas electrónicas de las partes del proceso.
