Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazaron este miércoles la incorporación de ¢2.684 millones al Presupuesto Nacional 2024, para financiar la instalación de cárceles de carpas. Con siete votos a favor y dos en contra, los legisladores aprobaron una moción para modificar la propuesta del gobierno, de tal forma que los recursos solo puedan ser utilizados para la construcción de estructuras de concreto.
Gilberth Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), destacó que el plan del Poder Ejecutivo es una “ocurrencia”, como lo indicó ante la comisión el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez, quien fue destituido tras reiterar su vehemente oposición a la propuesta.
“No es posible que aquí se busque una ocurrencia y que, ante una ocurrencia, se asignen los recursos”, declaró el verdiblanco.
Ministro admite que gerente de Datasys le planteó la idea de las cárceles de carpas
Por su parte, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, advirtió de que era mejor no aprobar los recursos, porque de igual forma no serían ejecutados en lo que resta del año en los términos planteados por los parlamentarios.
“Si se va a aprobrar tal como está, no se tomen el trabajo, rechacémoslo. ¿Por qué? Porque ya me dijo el Ministerio de Justicia que, definitivamente, no se puede utilizar en lo que queda del año, si le ponemos esas características”, aseguró la vocera de gobierno.
Los legisladores tomaron la determinación luego de que los ministros de Hacienda y Justicia, Nogui Acosta y Gerald Campos, respectivamente, reconocieron ante el foro que no se cuenta con estudios técnicos para sustentar el plan del Poder Ejecutivo.
Acosta afirmó que no es responsabilidad de Hacienda cuestionar la viabilidad o pertinencia de los proyectos financiados con recursos del Presupuesto Nacional, mientras que Campos argumentó que los equipos técnicos están preparando los estudios correspondientes. “Yo lo que estoy haciendo es la previsión presupuestaria para una vez tomada la decisión”, dijo.
El ministro de Justicia declaró que hay dos tipos de criterios técnicos, uno relacionado con la incidencia criminal y del hacinamiento carcelario, que sustenta la necesidad de implementar la construcción de estructuras livianas; y otro, que está en preparación, para determinar cuál tipo de construcción liviana se ajusta mejor a la realidad del país.
Las carpas forman parte de las estructuras que el Ministerio de Justicia y Paz analiza, en el marco de este plan.
Igualmente, el jerarca admitió que Arturo Salazar Valverde, gerente de la empresa Datasys, fue quien le planteó la idea de construir cárceles de carpas. El empresario fungió como contacto entre el Ministerio de Justicia y la empresa española Arca, cuyas instalaciones visitó Campos durante una gira a España del 29 de junio al 7 de julio.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA) consultó al resto de los integrantes del foro si habían recibido los criterios técnicos solicitados al ministro Campos, pero la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, indicó que no se remitió la información, en los términos en los que se solicitaron.
Ramírez dijo que el Ministerio de Justicia y Paz tampoco tuvo la cortesía de dejar copia de la presentación proyectada durante la exposición que realizó el ministro Campos, un día antes. La parlamentaria señaló que, hasta que no se presenten los estudios técnicos, no se puede tomar una decisión distinta a la planteada en la moción.
La moción aprobada por los diputados señala que los fondos deben ser utilizados para “diseño y construcción de unidades de atención integral, que cumplan con los principios de instalaciones e infraestructura penitenciaria moderna en concreto estructural no menos de la cantidad de acero de refuerzo requerido conforme a la normativa, sujetas al cumplimienton de la normativa de derechos humanos en infraestructura penal, teniendo a la vez los estándares de equipamiento de seguridad, siendo estos espacios innovadores y rehabilitadores”.
Los recursos fueron incluidos por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro Acosta, en el quinto presupuesto extraordinario, que planteaba incrementar en ¢61.590 millones el plan de gastos del gobierno.
Originalmente, la modificación presupuestaria, tramitada bajo el expediente 24.443, tomaba recursos de gasto corriente para aumentar la subpartida de Edificios del Ministerio de Justicia en Paz, con el objetivo de “financiar módulos de baja contención en los centros penales para mitigar el impacto del hacinamiento”.
Según el texto, los recursos se utilizarían para “atender la construcción en material liviano (Proyecto de Cárceles Livianas) de módulos de baja contención en centros penales”.
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